DEA revela que el robo de combustible a Pemex es la principal fuente de financiamiento para cárteles como el CJNG y el de Sinaloa, mediante contrabando hacia Estados Unidos.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha advertido que diversos cárteles mexicanos están obteniendo grandes beneficios económicos a través del robo y contrabando de combustible, lo que se ha convertido en una de sus principales fuentes de financiamiento. Esta actividad ilícita, según la Evaluación de la Amenaza Nacional de las Drogas 2025, está siendo utilizada por grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, quienes operan redes complejas para introducir petróleo sustraído de Petróleos Mexicanos (Pemex) al mercado estadounidense.
El informe destaca los hallazgos de la Operación Top Fuel (Liquid Death), una investigación que permitió identificar los métodos usados por estas organizaciones criminales para extraer combustible en México, transportarlo ilegalmente hacia Estados Unidos y venderlo a empresas norteamericanas. A través de esquemas sofisticados de lavado de dinero, los cárteles logran monetizar el producto robado, provocando daños multimillonarios tanto al erario mexicano como al sector energético estadounidense.
La DEA subraya que esta forma de financiamiento no sólo afecta a los gobiernos de ambos países con pérdidas fiscales millonarias, sino también a compañías petroleras y gaseras en Estados Unidos, que enfrentan una reducción considerable en sus operaciones de importación y exportación debido al mercado negro impulsado por el crimen organizado.
Como parte de las acciones derivadas de la investigación, el pasado 10 de septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 entidades vinculadas directamente al contrabando de hidrocarburos. Entre los sancionados se encuentra un miembro fundador del CJNG, quien lideraba operaciones regionales relacionadas con el tráfico ilegal de combustible.
El reporte considera esta acción como un paso fundamental en la estrategia para desmantelar una de las redes económicas más importantes que sostienen a los cárteles. Además, se anticipa que la atención se enfocará ahora en identificar y sancionar a empresas estadounidenses que colaboran o facilitan la comercialización de este combustible robado.
La DEA también advierte que el CJNG tiene fuerte presencia en 22 estados mexicanos, y al menos ocho de ellos se ubican entre los diez con mayor índice de robo de combustible, según cifras del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM). Esta distribución territorial ha favorecido la expansión de su influencia tanto en el narcotráfico como en el contrabando de hidrocarburos, reforzando su capacidad operativa y financiera.