México elegirá por voto directo a sus jueces por primera vez, pero la complejidad de las boletas y el volumen de candidatos dificultan el proceso democrático.
Por primera vez en su historia, México celebrará una jornada electoral donde los ciudadanos votarán directamente por sus jueces, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta tribunales locales. Se trata de un giro radical en el sistema judicial del país, que busca democratizar la elección de magistrados, pero cuyo diseño y logística han generado inquietud entre expertos y votantes.
La magnitud del proceso es abrumadora. Se espera que los mexicanos elijan cerca de 2700 cargos judiciales entre unos 7800 candidatos, en una de las votaciones más complejas jamás organizadas en el país. La variedad de boletas, códigos de colores, reglas de paridad de género y formatos cambia de un estado a otro, lo que complica la participación informada de los ciudadanos.
En todo el país se distribuirá una boleta para elegir a nueve jueces de la Suprema Corte, cinco mujeres y cuatro hombres, de entre 64 candidatos. Sin embargo, el proceso no es tan sencillo. Los nombres aparecen separados por género, con la indicación de respetar la paridad constitucional. Incluso hay casos como el de una candidata retirada cuyo nombre permanece en la boleta, en gris, lo que podría confundir a los votantes. Además, cada aspirante fue propuesto por alguna de las tres ramas del poder: ejecutivo, legislativo o judicial, lo que añade una capa política a la elección.
Para facilitar el proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó un simulador en línea que permite conocer a los candidatos. Aun así, dedicar cinco minutos a cada perfil supondría más de cinco horas de revisión solo para esa boleta, algo prácticamente inviable para el votante promedio.
La elección se complica aún más a nivel local. En Ciudad de México, por ejemplo, los electores deberán elegir a jueces de circuito con papeletas que contienen hasta diez candidatos por rama judicial, identificados por colores que, aunque no limitan la elección, sí pueden inducir a error. En estados como Chihuahua, la carga electoral es monumental: 13 boletas distintas para elegir a más de 300 jueces entre cerca de 900 aspirantes.
En contraste, hay regiones como Durango donde las elecciones parecen una formalidad. En ese estado, 49 candidatos compiten por 49 cargos judiciales, todos previamente acordados por los tres poderes estatales. Los críticos ven en este esquema una simulación democrática que contradice el propósito original de la reforma: combatir el nepotismo y la corrupción a través de la elección directa.
Otros estados optaron por formatos aún más limitados. En Coahuila y Quintana Roo, por ejemplo, los votantes simplemente eligen entre tres columnas, cada una representando a los candidatos propuestos por el poder ejecutivo, legislativo o judicial. Esta opción, aunque más sencilla, ha sido señalada por reducir las posibilidades de decisión real del electorado y consolidar el poder en manos de las instituciones.
Pese a las críticas, el gobierno federal defiende la medida como un avance hacia un sistema judicial más transparente, donde el pueblo pueda ejercer control sobre quienes imparten justicia. Sin embargo, el riesgo de que lleguen a los tribunales personas poco capacitadas o vulnerables a presiones políticas sigue generando debate.
En medio de la complejidad, los votantes deberán tomar decisiones clave que darán forma al poder judicial mexicano durante los próximos años. Lo que se plantea como una reforma democrática sin precedentes podría convertirse en un caos técnico si no se logra una ejecución ordenada y comprensible del proceso electoral.
