Familias en Ciudad Juárez temen que sus seres queridos estén entre los 383 cuerpos no cremados hallados en un crematorio; exigen respuestas a la Fiscalía y denuncian negligencia funeraria.

La revelación del hallazgo de 383 cuerpos sin cremar en un crematorio de Ciudad Juárez ha desatado una oleada de indignación y temor entre familiares que ahora dudan de la autenticidad de las urnas que recibieron en los últimos años. Desde el lunes, decenas de personas han acudido a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con documentos en mano para exigir claridad sobre el destino de los restos de sus seres queridos.
Norma Guardado Meraz, por ejemplo, busca saber si las cenizas que conserva realmente pertenecen a su madre, fallecida hace tres años y atendida por una de las funerarias señaladas en el caso: Amor Eterno. Ella, al igual que otros ciudadanos, exige respuestas claras por parte de las autoridades. “Queremos una respuesta para estar conformes”, declaró.
El fiscal general César Jáuregui explicó que los cuerpos fueron acumulados desde el año 2020, luego de que el crematorio Plenitud no cumpliera con los servicios para los que fue subcontratado por seis funerarias locales: Amor Eterno, Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez y Latinoamericana. CNN, que ha dado seguimiento al caso, continúa buscando declaraciones oficiales por parte de estas empresas.
Javier Ramírez, quien perdió a su padre hace apenas dos meses, compartió que también acudió a la Fiscalía ante la posibilidad de que los restos que le entregaron no correspondan a su familiar. Aunque las autoridades han prometido mantener informadas a las familias, muchos expresaron frustración por la falta de plazos definidos en la investigación.
Según los datos proporcionados por la Fiscalía, de los 383 cuerpos encontrados, 218 eran hombres, 149 mujeres y 16 aún sin identificación de género. A estos últimos se les aplicarán estudios de laboratorio para poder identificarlos. Hasta ahora, dos personas han sido detenidas: José Luis Arellano Cuarón, dueño de la empresa que operaba el crematorio, y su asistente Facundo Martínez. Ambos enfrentan cargos por delitos contra las normas de inhumación y respeto a los restos humanos.
Este viernes, los acusados comparecerán ante el juez en una audiencia crucial que determinará si serán vinculados a proceso penal. La Fiscalía solicitará una pena de hasta 17 años de prisión.
Ante la magnitud del escándalo, el fiscal Jáuregui se comprometió a realizar una investigación “seria, responsable y técnica”, que brinde certeza tanto a las familias afectadas como a la sociedad de Ciudad Juárez. Mientras tanto, el número de personas que acuden a las oficinas de la Fiscalía continúa en aumento, todas con una misma exigencia: saber si las cenizas que guardan en casa realmente pertenecen a quienes han llorado.