La reforma sobre desapariciones en México incluye la CURP biométrica y acceso estatal a bases de datos, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones a la privacidad y vigilancia masiva.
Con 417 votos a favor y 60 en contra, el Congreso de México aprobó una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual también modifica la Ley General de Población para establecer una CURP biométrica obligatoria como elemento central de un nuevo sistema de identificación. La propuesta ha sido duramente cuestionada por activistas, organizaciones de derechos humanos y expertos, quienes temen que abra la puerta a un sistema de vigilancia masiva en el país.
La reforma establece la creación de la Plataforma Única de Identidad (PUI), que integrará información biométrica de toda la población, como rostro, iris, huellas digitales y otros identificadores. Esta CURP biométrica será obligatoria para realizar trámites públicos y privados, lo que ha levantado alarmas sobre el posible uso indiscriminado de esta información sensible.
Instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional Electoral y otras autoridades tendrían acceso irrestricto a estas bases de datos, sin necesidad de autorización judicial ni mecanismos de supervisión externa. Además, el sistema estará vinculado con registros forenses, carpetas de investigación y alertas nacionales de búsqueda.
Aunque el gobierno defiende esta medida como una herramienta eficaz para acelerar la localización de personas desaparecidas, expertos señalan que no atiende el fondo del problema: la impunidad y el rezago forense. De hecho, en México hay más de 72 mil cuerpos sin identificar y más de 129 mil personas desaparecidas, cifras que reflejan una crisis estructural no resuelta.
María Luisa Aguilar, del Centro ProDH, afirmó que la reforma no resuelve el colapso forense ni garantiza resultados. A su vez, Luis Fernando García, abogado en derechos digitales, advirtió que se trata de un modelo de vigilancia que obligará a los ciudadanos a identificarse para acceder a casi cualquier servicio, sin garantías de privacidad ni transparencia.
Uno de los puntos más preocupantes es que la ley permitiría el uso de inteligencia artificial para analizar esta información sin controles ni auditorías, lo que podría tener consecuencias impredecibles. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum negó que se trate de una estrategia de espionaje, diversos sectores sociales y políticos no comparten esa visión.
Desde el ámbito internacional, el exintegrante del Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas, Santiago Corcuera, cuestionó que la iniciativa no se basa en recomendaciones de organismos internacionales y advirtió que la privacidad de los ciudadanos está en riesgo. Por su parte, desde el Congreso, legisladores de oposición calificaron la medida como una violación a los derechos humanos.
Incluso dentro del partido oficialista hubo posturas encontradas. Mientras algunas diputadas de Morena defendieron la iniciativa como un acto de justicia para las víctimas, colectivos de familiares de desaparecidos se pronunciaron en contra. Denunciaron que el gobierno federal ha utilizado su dolor para justificar una reforma que, aseguran, no está pensada para buscar personas, sino para vigilar a quienes las buscan.
El colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos advirtió que la concentración de datos personales en una sola plataforma sin control ni regulación pone en riesgo a toda la ciudadanía. También reclamaron que el Senado se negara a convocar un Parlamento Abierto para debatir la propuesta, cerrando el diálogo con los familiares de víctimas.
Así, mientras el gobierno insiste en que la reforma busca fortalecer las capacidades de búsqueda y justicia, los críticos alertan que podría derivar en una grave regresión en materia de derechos y libertades en México.
