Dos testigos protegidos declararon ante la FGR que Adán Augusto López habría recibido beneficios de Hernán N y tenido vínculos con operaciones de huachicol fiscal y La Barredora.

El senador Adán Augusto López Hernández figura como implicado en dos de los más recientes escándalos de seguridad y corrupción del país: el huachicol fiscal y la operatividad del grupo delictivo La Barredora. Según versiones de dos testigos protegidos que integran las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), su nombre apareció como receptor de beneficios derivados de estas redes ilícitas.
En la investigación contra Hernán N, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y supuesto líder de La Barredora, el testigo protegido identificado con las iniciales CTDR declaró que los vínculos con Adán Augusto datan de la campaña de 2018, cuando este lo invitó a colaborar en logística electoral. Según la declaración, la colaboración se extendió tras asumir el cargo público, con presuntas concesiones para operar ilícitamente actividades como robo de combustible y venta de gas LP.
Respecto al huachicol fiscal, Adán Augusto también aparece mencionado en una carpeta separada (terminación 0000568/2024), basada en la declaración de un testigo llamado “SANTO”, quien ejercía como titular de una aduana en Tampico. En su testimonio, se refirió a la operación de descargas irregulares de hidrocarburo mediante el recinto fiscal 289, y mencionó que “tenía conocimiento” de amistad y lazos entre su administrador y Adán Augusto, alertando que dichas operaciones eran protegidas por influencias políticas.
A pesar de estos señalamientos, el Fiscal de Tabasco afirmó que no se citará a Adán Augusto para declarar en el caso de La Barredora, pues hasta ahora no existe una orden judicial que lo obligue a presentarse, aunque subrayó que las investigaciones continúan abiertas.
Por su parte, Adán Augusto López ha rechazado relaciones con estas redes criminales, calificando algunas acusaciones de “mafufadas” y manifestando su disposición a colaborar con las autoridades si así se le solicita.
Este nuevo escenario coloca al senador en el centro de la controversia política y judicial, intensificando el escrutinio público sobre su trayectoria y su posible responsabilidad en redes de corrupción.