El Senado aprobó la nueva Ley de Amparo con 82 votos a favor y la turnó al Ejecutivo, en medio de críticas por presunta retroactividad y defensa oficialista de su legalidad.
El Senado de la República aprobó la minuta de la nueva Ley de Amparo con 82 votos a favor y 38 en contra, apenas quince horas después de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio. Con esta decisión, el proyecto —impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum— fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación, tras un debate cargado de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.
El trámite fue calificado como de “urgente y obvia resolución”, por lo que el documento, recibido en la Cámara Alta después de las diez de la mañana, pasó directamente al pleno. La votación consolidó la mayoría de Morena y sus aliados, que defendieron la constitucionalidad del texto y los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.
El punto central de la discusión giró en torno al artículo primero transitorio, que define el alcance de las reformas para los juicios en trámite. Opositores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la norma aplicará retroactivamente en perjuicio de ciudadanos que mantienen litigios abiertos, afectando el derecho al amparo como herramienta de defensa frente a abusos de autoridad.
La senadora Carolina Viggiano (PRI) calificó el proceso como “vergonzoso” y denunció que la medida busca facilitar el cobro de créditos fiscales pendientes por parte del Estado.
“Siguen con este asunto de la retroactividad para cobrar créditos fiscales; son casi 200 mil casos, más de 2 billones de pesos, y la mayoría son microempresas y pequeños comercios”, dijo.
A su vez, Guadalupe Murguía (PAN) y Clemente Castañeda (MC) señalaron que la reforma restringe el interés legítimo, debilitando la posibilidad de que colectivos o comunidades vulnerables interpongan amparos colectivos.
Por su parte, los senadores Javier Corral y Enrique Inzunza, presidentes de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, defendieron los ajustes aprobados, señalando que el nuevo texto corrige ambigüedades y mantiene la protección de derechos adquiridos.
“No hay afectación en derechos adquiridos, sólo aplicación a actuaciones procesales futuras”, afirmó Corral.
El legislador también acusó a la oposición de “envenenar el debate” con fines electorales.
Inzunza, en su intervención, sostuvo que las reformas se basan en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, e ironizó al corregir una cita atribuida por error por la senadora Alejandra Barrales, diciendo:
“Que serían los reinos sin justicia, sino una banda de ladrones. Eso era México durante la época neoliberal”.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) aseguró que la ley busca modernizar los procesos judiciales y cerrar el paso a los abusos de las élites económicas, al recordar que algunos contribuyentes utilizaron el amparo para evadir el pago de impuestos.
“Más de 2,400 amparos directos y 1,600 indirectos fueron promovidos por un solo contribuyente para no pagar lo que debe. Ese dinero debía ir a escuelas, hospitales, caminos y pensiones”, señaló.
Huerta celebró la aprobación como un “gran paso de la Cuarta Transformación”, argumentando que la ley no tiene dedicatoria política, sino que busca fortalecer la justicia y evitar el uso indebido del amparo como escudo de impunidad.
“Cerramos la puerta a los abusos del poder económico y abrimos la justicia a los ciudadanos comunes”, concluyó.
Tras el rechazo de las reservas presentadas por la oposición, el dictamen fue aprobado sin modificaciones en lo particular con 81 votos a favor y 37 en contra, marcando el paso final del proceso legislativo antes de su promulgación presidencial.
