La Cámara de Diputados aprobó reformas que prohíben cobros indebidos y obligan a los bancos a permitir la cancelación inmediata y gratuita de tarjetas de crédito y débito.
En una sesión rápida y sin oposición, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una serie de reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el propósito de proteger a cerca de 40 millones de usuarios de los abusos cometidos por instituciones bancarias en la emisión y cancelación de tarjetas de crédito y débito.
La iniciativa, impulsada por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, fue aprobada en modalidad de fast track, es decir, con dispensa de trámites, sin discusión en comisiones ni dictamen previo. El pleno legislativo votó con 467 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, para posteriormente turnarla al Senado de la República donde continuará su proceso legislativo.
Estas reformas introducen cambios sustanciales en los derechos de los usuarios y las obligaciones de los bancos. Entre los puntos más destacados se encuentra la prohibición expresa de cobrar comisiones por servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales que no hayan sido previamente autorizados o incluidos en el contrato de adhesión correspondiente.
Asimismo, el nuevo texto legal indica que no podrán generarse cargos o comisiones sin el consentimiento expreso del cliente, el cual deberá constar en los formularios de contratación. Los bancos también estarán obligados a proporcionar información clara, veraz y suficiente sobre todos los costos y cargos asociados a sus productos, respetando los principios de transparencia, buena fe y protección al consumidor.
Otro de los cambios relevantes establece que las instituciones emisoras de tarjetas deben garantizar el derecho de los usuarios a cancelarlas fácilmente, a través de tres mecanismos principales: presencial, telefónico y digital. En el caso de los canales digitales, la ley ordena que la opción de cancelación esté disponible de forma permanente en aplicaciones móviles, banca en línea y sitios web oficiales mediante un botón visible y de acceso directo las 24 horas del día, los 365 días del año.
Las reformas también contemplan la creación del artículo 18 bis 11, el cual estipula que toda solicitud de cancelación deberá resolverse en un plazo máximo de cinco días hábiles, sin costo alguno para el usuario y sin que se le pueda aplicar penalización o cargo adicional. Una vez completado el proceso, la institución deberá emitir una constancia digital o física que certifique la terminación del contrato en el mismo plazo.
De igual forma, el artículo 18 bis 12 declara nula de pleno derecho la emisión de tarjetas sin el consentimiento expreso del usuario. Esto significa que si un banco genera un plástico sin autorización, no será necesario que el cliente realice ningún trámite para cancelarlo, y la institución podría enfrentar sanciones conforme a la legislación vigente.
Las autoridades competentes para vigilar el cumplimiento de estas normas serán la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que deberán coordinar acciones y recomendaciones para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones.
Otra modificación relevante es la prohibición de generar cargos por anualidad, comisiones u otros conceptos relacionados con tarjetas no autorizadas. Además, la ley establece que el historial crediticio o el comportamiento de pago del usuario no podrá verse afectado ni reportarse al Buró de Crédito por productos emitidos sin consentimiento.
Finalmente, se dispone que los bancos estarán obligados a reembolsar los cargos indebidos en un plazo máximo de cinco días hábiles, reforzando así el compromiso con la transparencia y la protección del consumidor financiero.
Con estas reformas, el Congreso mexicano busca equilibrar la relación entre usuarios e instituciones financieras, dotando a los consumidores de herramientas efectivas para defenderse de cobros injustificados, prácticas abusivas y obstáculos en la cancelación de servicios bancarios.
