La diputada federal Chela Ortiz exigió a Gobernación un informe sobre el cumplimiento del decreto para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, al advertir retrasos que vulneran derechos humanos.
La diputada federal Graciela Ortiz González, conocida como Chela Ortiz, solicitó a la Secretaría de Gobernación un informe detallado sobre los avances en la implementación del decreto en materia de fortalecimiento de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, publicado el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.
A través de un Punto de Acuerdo dirigido a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora advirtió que los plazos establecidos en los artículos transitorios del decreto ya vencieron o se encuentran en su etapa final de cumplimiento, sin que exista información pública clara sobre su ejecución.
Entre los pendientes, Ortiz González destacó la creación y operación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la armonización de las legislaciones estatales y la integración de registros de panteones, fosas comunes, crematorios y servicios funerarios al Sistema Nacional de Búsqueda, los cuales —subrayó— constituyen mandatos legales vigentes.
“En un país con más de cien mil personas desaparecidas y miles de cuerpos sin identificar, el incumplimiento de estos transitorios no es una falta administrativa: es una violación continuada a los derechos humanos de las víctimas y de sus familias”, afirmó la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional.
La congresista sostuvo que el Congreso de la Unión no puede permanecer ajeno al grado real de implementación de las reformas y advirtió que no se puede permitir que una legislación que prometió verdad, coordinación y tecnología termine reducida a una simulación burocrática.
Ortiz González precisó que la Secretaría de Gobernación debe informar sobre el estado de operación de la Plataforma Única de Identidad y su vinculación con el Sistema Nacional de Búsqueda, así como sobre la implementación del Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas y las acciones de coordinación, supervisión y verificación realizadas con entidades federativas y municipios.
Asimismo, exhortó a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales a detallar si la Base Nacional de Carpetas de Investigación se encuentra operativa conforme a los plazos legales, además de informar el porcentaje de fiscalías que han integrado su información y el estado de actualización e interoperabilidad del Banco Nacional de Datos Forenses.
Finalmente, pidió a los congresos estatales informar si han armonizado su legislación local en materia de desaparición de personas y si han regulado panteones, cementerios, crematorios, fosas comunes y servicios funerarios, al sostener que exigir cuentas es un deber constitucional frente a las familias que continúan buscando a sus seres queridos.
