La Fiscalía de Estados Unidos presentó cargos en Nueva York contra Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos, acusándolos de colaborar con cárteles mexicanos para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos en contra de Nicolás Maduro, a quien señala de haber facilitado operaciones de narcotráfico vinculadas con organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, según documentación judicial difundida recientemente.
De acuerdo con el expediente, el Departamento de Justicia estadounidense sostiene que durante el periodo en que Maduro se desempeñó como ministro de Exteriores en el gobierno de Hugo Chávez, entre 2006 y 2008, se habrían emitido pasaportes diplomáticos que presuntamente permitieron facilitar el traslado de cocaína hacia Estados Unidos.
El documento judicial, integrado por 25 páginas, plantea que dichos pasaportes habrían otorgado protección diplomática a integrantes de grupos criminales, facilitando su movilidad en operaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas. La acusación sostiene que estas acciones formaban parte de una estructura conocida como el llamado “Cártel de los Soles”, señalada por autoridades estadounidenses como una red asociada a altos mandos del gobierno venezolano.
La Fiscalía también menciona al actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, a quien acusa de recibir sobornos provenientes de organizaciones criminales para permitir el traslado de cargamentos desde Venezuela hacia rutas de tránsito en América Latina.
Entre los nombres citados en el expediente aparece además Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien actualmente cumple condena en Estados Unidos, señalado como financiador de laboratorios de procesamiento de cocaína que posteriormente era transportada hacia el mercado estadounidense.
Según la acusación, la red operaba mediante una ruta logística que partía desde puertos venezolanos y avanzaba por el Caribe y Centroamérica —con escalas en países como Honduras y Guatemala— antes de llegar a México, desde donde la droga cruzaba hacia territorio estadounidense. El documento describe a México no solo como un punto de tránsito, sino como una plataforma clave en el esquema logístico y financiero.
El expediente también menciona que, durante el periodo investigado entre 1999 y 2019, existió una estructura de corrupción que habría permitido la operación de redes de narcotráfico mediante pagos a funcionarios y actores locales en distintos países. Aunque no se presentan cargos contra expresidentes mexicanos, la referencia a México dentro del esquema ha generado debate político por las implicaciones internacionales del caso.
Autoridades estadounidenses indicaron que las pruebas incluidas en la investigación habrían sido obtenidas mediante grabaciones, testimonios de testigos protegidos y seguimiento financiero realizado durante varios años por agencias de inteligencia y seguridad.
En paralelo, el proceso judicial continúa en Nueva York con avances y demoras. La audiencia prevista inicialmente para febrero fue aplazada y ahora está programada para el 26 de marzo, fecha en la que también comparecerá Cilia Flores, esposa de Maduro, quien enfrenta cargos relacionados con la misma investigación.
Maduro fue capturado en enero durante una operación militar estadounidense en Caracas y posteriormente trasladado a Nueva York, donde se declaró inocente de las acusaciones y afirmó considerarse un “prisionero de guerra”. El exmandatario gobernó Venezuela desde 2013 hasta enero de 2026.
Tras su captura, el poder en Venezuela quedó en manos de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió funciones en condición de encargada mientras avanza el proceso judicial en Estados Unidos.
La evolución del caso podría tener repercusiones políticas y diplomáticas en la región, especialmente si surgen nuevos testimonios o acuerdos legales durante las próximas audiencias. Por ahora, el juicio sigue en fase preliminar mientras la fiscalía y la defensa preparan sus argumentos.
