Al menos 23 sucursales del Banco del Bienestar fueron atacadas en Michoacán tras la muerte de “El Mencho”, en medio de bloqueos y operativos de seguridad.
La violencia derivada del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se ha extendido a distintos puntos de Michoacán, donde se reportan al menos 23 ataques contra sucursales del Banco del Bienestar en las últimas 48 horas.
La noche del lunes, una sucursal ubicada en el municipio de Tarímbaro fue atacada a balazos por sujetos armados, quienes huyeron hacia zonas de parcelas tras abrir fuego contra la fachada del inmueble. La Guardia Civil de Michoacán informó que el ataque ocurrió alrededor de las 20:45 horas y que, pese a la cercanía de una base policial municipal, los responsables lograron escapar.
Con este hecho, suman 23 sucursales que han sido vandalizadas, incendiadas o baleadas en diversos municipios de la entidad. Las autoridades desplegaron un operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales para intentar localizar a los agresores.
Impacto social y postura oficial
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó los ataques como una agresión directa contra un programa social emblemático del gobierno federal, ya que las sucursales del Banco del Bienestar son puntos clave para la dispersión de apoyos sociales.
El mandatario solicitó a la Secretaría del Bienestar un informe detallado sobre el número de sucursales afectadas y los daños registrados, al tiempo que aseguró que se está brindando seguridad en las zonas impactadas.
Además de las agresiones contra instalaciones bancarias, Michoacán ha registrado bloqueos carreteros con vehículos incendiados en más de 50 municipios, reflejando la magnitud de la respuesta violenta atribuida a grupos del crimen organizado.
Refuerzo de seguridad
La ola de violencia ha obligado a reforzar la presencia policial en zonas rurales y urbanas, con patrullajes constantes y operativos preventivos para proteger a la población y la infraestructura crítica.
Analistas señalan que este tipo de reacciones tras la caída de un líder criminal suelen buscar demostrar capacidad operativa y control territorial. No obstante, advierten que la persistencia de estos actos puede impactar la prestación de servicios públicos, la percepción de seguridad y la actividad económica en la entidad.
