La reforma electoral 2026 plantea transformar el régimen constitucional, modificar la integración del Congreso, reducir gastos, fortalecer la fiscalización y prohibir reelección y nepotismo.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los principales ejes de la reforma electoral 2026 durante la conferencia matutina realizada el 25 de febrero en Palacio Nacional. La iniciativa busca una transformación de fondo al régimen constitucional electoral mexicano.
De acuerdo con lo expuesto, la reforma electoral 2026 tiene como propósito transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política sea expresión directa de la voluntad ciudadana a través del voto, y no únicamente el resultado de mecanismos internos de los partidos políticos.
Entre los puntos centrales de la reforma electoral 2026 se encuentra la integración del Congreso de la Unión. En el caso de la Cámara de Diputados, se mantendría el número total de 500 integrantes: 300 serían electos por mayoría relativa en Distritos Electorales y 200 bajo el principio de representación proporcional conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sin embargo, la reforma electoral 2026 introduce ajustes en la asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional. De ese total, 97 lugares serían ocupados por candidatos que, sin haber resultado ganadores en sus distritos, obtengan los mejores resultados dentro de su partido; 95 corresponderían a votación directa por circunscripción y por partido político, garantizando la elección de un hombre y una mujer; y 8 espacios estarían destinados a mexicanos residentes en el extranjero.
En cuanto a la Cámara de Senadores, la reforma electoral 2026 contempla una integración de 96 senadurías, distribuidas en 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.
Otro eje relevante es la reducción del gasto electoral. La propuesta plantea una disminución del 25 por ciento en el costo de las elecciones, lo que abarcaría recursos asignados al Instituto Nacional Electoral, partidos políticos, Organismos Públicos Locales Electorales y tribunales electorales. Asimismo, se prevé la reducción de sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del instituto electoral, en apego al artículo 127 constitucional, que establece que nadie puede percibir un salario mayor al de la persona titular del Ejecutivo federal.
La reforma electoral 2026 también propone eliminar la duplicidad de funciones en órganos electorales y disminuir el gasto tanto del Congreso Federal como de los congresos locales. Además, se contempla una reducción en el número de regidurías en los municipios, de acuerdo con su población, con un máximo de 15 posiciones.
En materia de fiscalización, el Instituto Nacional Electoral tendría acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas. Se prohibirían las aportaciones en efectivo y los recursos deberán manejarse exclusivamente dentro del sistema financiero. Asimismo, se impulsará el uso de tecnologías para fortalecer la supervisión y el control del financiamiento.
Respecto al voto en el extranjero, la reforma electoral 2026 facilitaría la participación de mexicanos residentes fuera del país, particularmente en la elección de diputaciones migrantes.
En cuanto a los tiempos oficiales, se propone reducir la transmisión diaria en radio y televisión durante periodos electorales, pasando de 48 a 35 minutos por emisora.
Otro cambio relevante es que los cómputos distritales iniciarían al término de la jornada electoral, prescindiendo del Programa de Resultados Electorales Preliminares para dar paso directamente a resultados preliminares oficiales.
La reforma electoral 2026 también busca ampliar los mecanismos de democracia participativa a nivel estatal y municipal en todas las entidades federativas, permitiendo el uso de herramientas tecnológicas como el voto electrónico en estos procesos.
Finalmente, la iniciativa contempla la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular, evitando que estos sean heredados a familiares directos como cónyuges, hijos o hermanos. Asimismo, establece la prohibición de la reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
Con estos lineamientos, la reforma electoral 2026 pretende redefinir diversos aspectos del sistema político-electoral mexicano, con cambios estructurales en representación, financiamiento, fiscalización y participación ciudadana.
