La Ley 3 de 3 establece que deudores alimentarios y personas con sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política no pueden ser candidatas ni ocupar cargos públicos.
La reforma constitucional conocida como Ley 3 de 3 contra las personas violentadoras establece una serie de restricciones para quienes buscan ocupar cargos públicos o participar como candidatas y candidatos a puestos de elección popular en México.
La medida fue publicada el 25 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación y tiene como objetivo evitar que personas con antecedentes de violencia o incumplimiento de obligaciones familiares puedan acceder a responsabilidades dentro del servicio público.
Entre los principales lineamientos de la Ley 3 de 3 se establece que no podrán registrarse como candidatas ni ocupar cargos en la administración pública aquellas personas que sean deudoras alimentarias morosas, es decir, quienes incumplan con el pago de pensión alimenticia.
Asimismo, la reforma impide que participen en procesos electorales quienes cuenten con sentencia firme por delitos como violencia familiar, violencia doméstica, violencia política en razón de género o delitos sexuales.
También quedan excluidas las personas que hayan sido condenadas por delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual o por afectar el normal desarrollo psicosexual.
En este contexto también se menciona el mecanismo conocido como Ley 8 de 8, que busca verificar que las personas aspirantes no se encuentren dentro de alguno de los supuestos que suspenden los derechos políticos establecidos en el artículo 38 de la Constitución.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, si una persona aspirante incurre en violencia política contra las mujeres en razón de género, puede perder su derecho a ser registrada como candidata. En caso de que ya cuente con registro, este puede cancelarse de manera inmediata.
Con estas disposiciones, la Ley 3 de 3 busca garantizar que quienes aspiren a representar a la ciudadanía cumplan con estándares mínimos de conducta, particularmente en materia de respeto a los derechos de las mujeres, responsabilidad familiar y prevención de la violencia.
