El Gobierno Federal desplegó un operativo en Veracruz y Tabasco tras un derrame de crudo. Han recolectado 128 toneladas de residuos y Pemex destinó 35 millones de pesos para apoyar a comunidades pesqueras.

El Gobierno de México ha intensificado las acciones preventivas y de remediación para mitigar los daños causados por un derrame de hidrocarburos que afecta las costas del Golfo de México. A través de un grupo interdisciplinario integrado por la Semar, Semarnat, Pemex y Profepa, se han inspeccionado más de 32 sitios, incluyendo lagunas, ríos y playas en los estados de Veracruz y Tabasco. Aunque inicialmente se habían minimizado las versiones de una extensión masiva, las autoridades confirmaron trabajos de limpieza en puntos críticos como la Laguna del Ostión en Coatzacoalcos y las playas de Paraíso.
Hasta la fecha, las brigadas han logrado recolectar 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de 165 kilómetros de litoral. El plan de acción se basa en cinco ejes prioritarios que incluyen el saneamiento manual, la instalación de barreras de contención y el uso de cordones oleofílicos para recuperar el material contaminante. Además, el gobierno desmintió una imagen satelital difundida por una ONG, calificándola como una representación gráfica falsa que no corresponde a la realidad captada por los sistemas oficiales.
En el aspecto social y económico, Petróleos Mexicanos (Pemex) activó un esquema de responsabilidad social con una inversión superior a los 35 millones de pesos. Este recurso se divide en:
- 20 millones de pesos en combustible (gasolina y diésel) para el municipio de Pajapan.
- 15 millones de pesos a través del programa PACMA para la reposición de artes de pesca.
- Empleo temporal para pobladores locales que participan en las labores de limpieza.
Paralelamente, se mantiene una investigación científica de alto nivel que utiliza imágenes satelitales, drones y sobrevuelos de la Armada de México para determinar el origen exacto del vertido. La Profepa ya ha emitido cinco requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción en la zona para deslindar responsabilidades. Las autoridades advirtieron que, una vez identificado el responsable, se aplicarán sanciones administrativas, penales y ambientales conforme a la ley vigente.