El Gobierno de México rechazó el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas, al considerarlo sesgado, y defendió avances institucionales y reformas implementadas para atender este delito.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su rechazo al reciente informe emitido por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas, al considerar que su contenido es tendencioso y no refleja la situación actual del país.
Mediante un comunicado oficial, la dependencia señaló que el documento omite información relevante proporcionada por el Estado mexicano, incluyendo observaciones, análisis y actualizaciones presentadas previamente. Según la SRE, estos datos evidencian inconsistencias en los argumentos del organismo internacional, ya que no coinciden con la propia definición de desaparición forzada establecida por la ONU ni con los avances institucionales logrados en los últimos años.
La cancillería sostuvo que el procedimiento contemplado en la Convención Internacional está diseñado para contextos donde las desapariciones forzadas ocurren de forma generalizada y sistemática por parte de agentes del Estado, además de existir una negativa de las autoridades a actuar. En ese sentido, afirmó que dicho marco no corresponde a la realidad de México, donde —aseguró— se ha impulsado una transformación estructural en la materia.
En su posicionamiento, la SRE calificó la decisión del comité como “parcial y sesgada”, al señalar que no se consideraron los esfuerzos institucionales expuestos el pasado 27 de marzo, ni la información actualizada entregada por el Gobierno antes de la publicación del informe. Asimismo, cuestionó que en los párrafos 117 y 118 del documento no se presentan pruebas suficientes que sustenten la existencia de una política federal orientada a ejecutar desapariciones forzadas de manera sistemática o generalizada.
La dependencia también puso en duda la solidez jurídica del análisis realizado por el Comité contra la Desaparición Forzada, al señalar que sus conclusiones parten de premisas que consideró poco rigurosas. Entre los puntos señalados, destacó la interpretación del organismo respecto al Estatuto de Roma, así como posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes, debido a vínculos previos con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
En respuesta a los señalamientos, la SRE reiteró que el Gobierno de México no tolera ni ordena desapariciones forzadas, y subrayó que en la actual administración se han impulsado reformas legales e institucionales en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.
Entre las acciones destacadas se encuentran cambios legislativos aprobados en julio de 2025, orientados a fortalecer los mecanismos de búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas. Estas medidas incluyen la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar carpetas de investigación desde el primer reporte, así como el desarrollo de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y una Plataforma Única de Identidad.
Además, se contempla el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la consolidación de fiscalías especializadas en las entidades federativas y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante la incorporación de personal especializado y equipo técnico. También se establece la obligación de mantener registros oficiales con datos mínimos de identificación y garantizar la coordinación entre autoridades federales y estatales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores enfatizó que México mantiene apertura a la cooperación técnica internacional, siempre que se base en información objetiva y actualizada. No obstante, dejó en claro que no aceptará evaluaciones que, a su juicio, partan de premisas alejadas de la realidad nacional.
Finalmente, el Gobierno mexicano reiteró su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de los procesos de búsqueda e identificación, así como la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, señalando que estos objetivos forman parte central de su agenda.
