El número de personas privadas de la libertad con VIH en Chihuahua aumentó de 30 a 44 entre 2023 y 2026, pese a programas de prevención y atención.
El Sistema Penitenciario del Estado de Chihuahua registró un incremento en el número de personas privadas de la libertad con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), al pasar de 30 casos en 2023 a 44 en febrero de 2026, lo que representa un aumento del 46.6 por ciento, de acuerdo con datos oficiales.
Información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos indica que desde 2022 ya se observaba una tendencia al alza, con 22 casos registrados ese año. Para 2023 la cifra subió a 30, coincidiendo con el momento en que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado asumió el control de los centros penitenciarios.
El Diagnóstico Penitenciario 2026, con datos de 2024, ya advertía deficiencias en la atención de enfermedades como VIH, hepatitis y tuberculosis, especialmente en el Cereso femenil número 2. En ese periodo se contabilizaban 33 personas con VIH, concentradas principalmente en los penales de Aquiles Serdán y Ciudad Juárez.
Para febrero de 2026, la cifra ascendió a 44 casos distribuidos en distintos centros: 22 en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán, 21 en el Cereso número 3 de Juárez y un caso adicional en el Cereso 4 de Parral. Esto representa incrementos importantes, particularmente en Ciudad Juárez.
A pesar de este aumento, autoridades estatales señalaron que se mantienen programas de atención integral en coordinación con el Centro Ambulatorio para la Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, que incluyen pruebas de detección periódicas, acceso a tratamiento antirretroviral y seguimiento médico.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública indicó que no cuenta con información que permita determinar en qué momento o lugar ocurrieron los contagios, limitándose a registrar los casos detectados mediante tamizajes o atención médica.
El tema también tiene antecedentes históricos en la entidad, donde desde 1995 organismos nacionales de derechos humanos documentaron violaciones en el trato a personas con VIH dentro de centros penitenciarios, lo que derivó en recomendaciones para mejorar la atención, prevenir la discriminación y garantizar el acceso a servicios de salud.
Actualmente, las autoridades aseguran que las personas privadas de la libertad con VIH conservan sus derechos, incluyendo el acceso a tratamiento y visitas, bajo condiciones que respeten su dignidad y privacidad.
