El diputado Guillermo Ramírez calificó como un teatro jurídico las acusaciones de tráfico de influencias en el caso de su hermano Fernando, señalando que la caída de dicho montaje evidencia intereses particulares.

El presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo “Memo” Ramírez, rompió el silencio respecto a la reciente liberación de su hermano Fernando, calificando el proceso mediático y legal en su contra como un montaje orquestado. El legislador fue enfático al señalar que, tras la resolución del caso, ha quedado en evidencia que se intentó fabricar una narrativa alejada de la realidad jurídica, utilizando lo que él denominó como un «teatro» que finalmente no pudo sostenerse ante las instancias correspondientes.
Estas declaraciones surgen como respuesta directa a lo manifestado por el abogado Héctor Villasana, quien a través de una entrevista telefónica acusó públicamente la existencia de un presunto tráfico de influencias. Según la postura de la defensa opositora, habría existido una colusión entre el diputado y el Tribunal Superior de Justicia para favorecer al acusado; sin embargo, Ramírez desestimó estas afirmaciones señalando que, de haber existido tal poder de influencia, su familiar ni siquiera habría pasado por el proceso de detención inicial.
Memo Ramírez lamentó los hechos ocurridos, pero defendió la legitimidad de la actuación de los abogados de su hermano, invitando a los medios de comunicación a establecer un canal de contacto directo con la defensa técnica para conocer los pormenores legales que llevaron a su liberación. Para el diputado, el uso de términos como «tráfico de influencias» es una estrategia desesperada ante la falta de sustento en las acusaciones, comparando a quienes sostienen esa postura con marionetas que salen a relucir cuando los montajes se desploman.
Finalmente, el titular del Poder Legislativo subrayó que el sistema de justicia actuó conforme a derecho y que los señalamientos en su contra buscan politizar un asunto de índole personal. Con este posicionamiento, Ramírez busca cerrar la controversia sobre el presunto uso de su cargo público, reiterando que la verdad jurídica se impuso sobre la mediática en un caso que ha captado la atención de la opinión pública chihuahuense en los últimos días.