Maru Campos se reunió menos de una hora con el secretario Harfuch para abordar la colaboración con agentes de la CIA en Chihuahua, mientras el Los Ángeles Times revela que serían al menos tres operaciones en el año y el Senado prepara su comparecencia.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se trasladó este jueves a la Ciudad de México para sostener un encuentro con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La reunión, que se llevó a cabo en la sede de la dependencia federal a partir de las 11:30 horas y duró menos de una hora, giró en torno a la colaboración que autoridades chihuahuenses habrían mantenido con agentes de la CIA sin notificar al gobierno federal, situación que ha generado una crisis política y diplomática de alcance nacional.
Durante la conferencia mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló los alcances del encuentro antes de que ocurriera: «Tenemos que averiguar primero qué convenios hay, qué acuerdo hay. Es parte de lo que el secretario García Harfuch le va a preguntar a la gobernadora de Chihuahua: bajo qué elementos se hicieron estos acuerdos de colaboración y por qué no se informó de ellos a la Secretaría de Relaciones Exteriores», señaló. La mandataria también confirmó que el gobierno federal cuenta con información de que los agentes de la CIA sí colaboraban activamente con las autoridades estatales, contradiciendo la versión que el fiscal César Jáuregui Moreno intentó instalar sobre un encuentro casual entre los agentes y el convoy.
El caso tomó una nueva dimensión este miércoles cuando el diario Los Ángeles Times reveló que, de acuerdo con una fuente familiarizada con el expediente, las operaciones de la CIA en Chihuahua no comenzaron con el descubrimiento del narcolaboratorio en el municipio de Morelos. Según esa información, el operativo reciente habría sido al menos el tercero en el que agentes de esa agencia participaron en el estado durante el presente año, lo que amplía significativamente el alcance del caso y profundiza las preguntas sobre qué tipo de convenios existían y quién los autorizó.
La Ley de Seguridad Nacional establece con claridad que los agentes extranjeros únicamente pueden ofrecer inteligencia en México y no operar en campo, además de que cualquier colaboración de este tipo debe ser notificada a la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener la autorización correspondiente. Ninguna de esas condiciones parece haberse cumplido en los operativos que involucran a la CIA en Chihuahua, según la postura del gobierno federal.
La reunión de este jueves se produce cinco días antes de que la gobernadora y el fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, se presenten ante el Senado de la República para comparecer sobre el caso. Las consecuencias políticas podrían ser de gran calado: de acuerdo con el marco legal vigente, tanto la gobernadora como el fiscal podrían enfrentar un proceso de destitución si el Senado así lo determina tras escuchar sus explicaciones. La semana que viene será determinante para definir el rumbo político de Chihuahua en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.
