Maru Campos declinó asistir al Senado argumentando que no es obligatorio y que le rinde cuentas a Chihuahua. Además, su investigación interna concluyó que Pedro Oseguera fue el responsable de la colaboración con los agentes de EU que violó la Ley de Seguridad Nacional.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, confirmó que no asistirá a la reunión convocada por las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad del Senado de la República en el marco del escándalo por la participación de dos agentes estadounidenses, presuntamente de la CIA, en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el estado. La decisión fue comunicada a través de una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva y formalizada en un oficio enviado a la Cámara Alta.
«No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio. Nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado», afirmó Campos con claridad, argumentando que la comparecencia no tiene carácter obligatorio para los ejecutivos estatales y que la rendición de cuentas de su gobierno corresponde a los chihuahuenses y al Congreso local, no a instancias del poder legislativo federal.
En el oficio enviado al Senado, la gobernadora subrayó que su actuación «se ha conducido en todo momento bajo los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio de la función pública», y explicó que la razón de fondo para declinar la invitación es la protección de la investigación en curso: «A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional, en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados».
Uno de los elementos más relevantes del comunicado es el resultado de la investigación interna que Campos ordenó crear para esclarecer la participación de los agentes de EU en el operativo. Según sus conclusiones, el responsable de haber autorizado esa colaboración, que el gobierno federal calificó como una violación a la Ley de Seguridad Nacional, fue Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación, quien murió en el accidente automovilístico ocurrido al regresar del operativo junto a los dos agentes estadounidenses. La muerte de Oseguera es precisamente el hecho que destapó el escándalo, cuando el entonces fiscal César Jáuregui, quien posteriormente renunció al cargo, informó que el director de la AEI viajaba acompañado de dos ciudadanos extranjeros.
La postura de Campos deja el caso en un punto de tensión política: el gobierno federal señala al gobierno estatal de violar la ley, la gobernadora traslada la responsabilidad al funcionario fallecido y declina dar explicaciones ante el Senado, mientras las investigaciones continúan abiertas en múltiples frentes.
