Pete Hegseth reconoció la colaboración de México en la lucha antidrogas, pero exigió mayores esfuerzos para que Estados Unidos no tenga que intervenir directamente.
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, compareció ante la Cámara de Representantes y aprovechó el espacio para lanzar un mensaje doble hacia México: reconocimiento por la colaboración registrada hasta ahora en materia de seguridad, pero también una exigencia directa de mayores acciones en la lucha antidrogas.
Durante la audiencia, Hegseth fue cuestionado sobre la amenaza que representan los cárteles mexicanos, incluyendo el creciente uso de drones como herramienta del crimen organizado. En su respuesta, el funcionario destacó lo que calificó como una colaboración sin precedentes entre ambos gobiernos. «En México hemos tenido una colaboración sin precedentes. Y lo apreciamos. Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar, en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más», declaró.
Sin embargo, Hegseth fue claro en cuanto a las expectativas del gobierno de Donald Trump: quiere que México «dé un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo». La frase resume la postura de la administración estadounidense, que mantiene una presión constante y creciente sobre el gobierno mexicano en temas de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico.
Esta posición no es nueva. Apenas días antes de la comparecencia de Hegseth, el propio presidente Trump había advertido públicamente que si México no cumplía con su responsabilidad en materia de seguridad, Estados Unidos tomaría cartas en el asunto. «Si no hacen su trabajo en el tema de seguridad, nosotros lo haremos», señaló Trump. Posteriormente, el mandatario fue más allá al afirmar que en México son los cárteles quienes gobiernan, y no las autoridades. «Nadie más lo hace», insistió.
En ese contexto de presión diplomática y retórica confrontacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un paso concreto al revelar cargos formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel de esa entidad. Las acusaciones incluyen delitos de tráfico de drogas y cargos relacionados con armas.
Por su parte, Todd Blanche, fiscal general interino, anticipó que las acusaciones no se detendrán ahí. Señaló que podrían venir más señalamientos contra funcionarios mexicanos, especialmente si los líderes de los cárteles que actualmente se encuentran detenidos en suelo estadounidense deciden cooperar con la justicia. Entre los posibles colaboradores se mencionan a Ovidio y Joaquín Guzmán, hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán y exlíderes del grupo conocido como Los Chapitos, cuya información podría ser determinante para el avance de las investigaciones.
El escenario refleja una relación bilateral marcada por la tensión: mientras Washington reconoce avances en la coordinación con México, simultáneamente intensifica la presión política, judicial y mediática sobre el gobierno mexicano para que demuestre resultados tangibles en el combate al crimen organizado.
