La FGR aclaró que el narcolaboratorio en Morelos no ha sido desmantelado, reportó que no recibió el lugar con cadena de custodia de parte de las autoridades locales, y abrió una nueva línea de investigación para determinar si la Fiscalía de Chihuahua invadió competencia federal.
La Fiscalía General de la República emitió un informe detallado sobre los avances en las investigaciones relacionadas con la instalación clandestina de producción de drogas sintéticas localizada en el municipio de Morelos, Chihuahua, y realizó varias aclaraciones de peso que cambian la narrativa que hasta ahora se había manejado públicamente sobre el caso.
En primer lugar, la FGR precisó que el narcolaboratorio no ha sido desmantelado. Aclaró que el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y objetos encontrados en el lugar sigue en curso, bajo condiciones de seguridad para el personal interviniente y en cumplimiento del marco normativo aplicable. El sitio permanece resguardado por fuerzas federales.
Sobre las circunstancias en que la FGR tuvo conocimiento del caso, la dependencia informó que su intervención fue iniciada por una comunicación telefónica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua recibida el 18 de abril, es decir, con posterioridad a que el operativo ya había sido planeado y ejecutado por las autoridades locales. Al arribar al lugar, los elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal no recibieron el área, los indicios ni las sustancias con cadena de custodia de parte de las autoridades locales. Esa irregularidad quedó registrada dentro de la carpeta federal mediante un acta circunstanciada en la que constan diversas anomalías detectadas en el sitio.
En cuanto a las entrevistas ministeriales relacionadas con la carpeta por posibles delitos en materia de seguridad nacional, la FGR informó que las diligencias con las personas citadas concluyeron satisfactoriamente, con excepción de siete individuos que no se presentaron y que ya fueron reconvocados para rendir su entrevista en los próximos días. La institución también anunció que serán llamados otros servidores públicos estatales considerados relevantes para las líneas de investigación activas.
La FGR subrayó además que la investigación del narcolaboratorio es de competencia exclusiva federal, ya que la Ley General de Salud otorga a la Federación la atribución de investigar, perseguir y sancionar delitos cuando existen elementos para presumir la participación de la delincuencia organizada, como ocurre en este caso.
Uno de los señalamientos más relevantes del informe apunta directamente al gobierno de Chihuahua. La FGR recordó que la conducción de la política exterior y las funciones en materia de seguridad nacional son atribuciones exclusivas del gobierno federal, y que la Constitución prohíbe expresamente a las entidades federativas celebrar alianzas, tratados o coaliciones con otros estados o países. Con base en esas disposiciones, la dependencia abrió una nueva línea de investigación para determinar si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua invadió la competencia federal durante el operativo de los días 17 y 18 de abril, y si esa posible infracción al diseño constitucional ha continuado produciéndose con posterioridad.
La FGR concluyó su comunicado reiterando su compromiso de informar a la sociedad de manera transparente y oportuna sobre los avances del caso, que sigue acumulando aristas jurídicas, políticas e institucionales de alto impacto.
