La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve funcionarios acusados de narcotráfico en EU. Sheinbaum dijo desconocer el caso y pidió que la UIF informe al respecto.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázarez y de otros nueve funcionarios y exfuncionarios acusados por el gobierno de Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico. La medida también alcanzó a uno de los hijos de Rocha Moya, aunque fuentes consultadas por Infobae México precisaron que no todos sus hijos fueron incluidos en el bloqueo, como se había reportado inicialmente.
El bloqueo fue instruido mediante el acuerdo 156/2026, emitido el pasado 6 de mayo y distribuido al sistema financiero nacional a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La notificación fue incorporada al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, la plataforma utilizada para alertar a instituciones financieras sobre personas sujetas a bloqueo de activos. A partir de su publicación, bancos y entidades financieras cuentan con un plazo de diez días hábiles para cancelar operaciones y relaciones comerciales con los señalados.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina de este viernes y respondió que desconocía el caso. Señaló que la UIF es un área técnica que actúa de forma independiente cuando detecta irregularidades, y anunció que solicitaría a la dependencia que informara públicamente sobre la situación en su momento.
Las medidas financieras se producen en el contexto de la presión ejercida por las autoridades estadounidenses, que han solicitado órdenes de captura con fines de extradición contra los implicados. Las acusaciones presentadas ante un tribunal de Nueva York apuntan a una supuesta red de protección política, financiera y policial vinculada al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y al encubrimiento de operaciones ilícitas.
El congelamiento de cuentas representa una acción concreta dentro del sistema financiero mexicano en un caso que hasta ahora había avanzado principalmente en el plano diplomático y judicial entre México y Estados Unidos, y marca una nueva fase en el cerco institucional sobre los señalados por las autoridades norteamericanas.
