Una investigación de la FGR reveló que líderes de un cártel lanzaron amenazas contra la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, exigiendo imponer funcionarios y controlar el presupuesto local.
En el estado de Morelos, líderes de una facción del Cártel de Sinaloa lanzaron una serie de amenazas directas a la gobernadora morenista Margarita González Saravia con el objetivo de obligarla a permitir el libre tránsito de cargamentos de sustancias ilícitas. Las exigencias del grupo delictivo también incluían que la mandataria aceptara el nombramiento de diversos funcionarios públicos al servicio del crimen organizado en posiciones clave de los ayuntamientos, además de otorgarles el manejo absoluto de partidas presupuestales específicas.
Conforme a los datos contenidos en la orden de aprehensión emitida contra varios alcaldes y servidores públicos locales vinculados con esta organización sinaloense, el crimen organizado ha mantenido un control estricto desde el año 2021 sobre diversas dirigencias partidistas. El documento judicial detalla que este cártel ordenó el asesinato de opositores políticos de la región e infiltró de manera sistemática a once gobiernos municipales con la finalidad de realizar extorsiones, blanquear capitales mediante la asignación de obras públicas y mantener el control del tráfico de estupefacientes.
Uno de los principales jefes de la estructura criminal en la entidad, identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, fue quien amagó a la gobernadora por medio de intermediarios políticos. De acuerdo con la declaración formal que el exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, rindió ante la Fiscalía General de la República (FGR), el líder del cártel le instruyó bajo amenazas que le advirtiera a la mandataria estatal sobre la necesidad de pactar con su grupo a cambio de otorgar una supuesta pacificación a todo el territorio de Morelos.
Según el testimonio brindado por el exfuncionario, el jefe del cártel aprovechó la cercanía que este tenía con la gobernadora para enviarle el mensaje de que ellos pacificarían el estado, advirtiéndole que si ya existía un acuerdo previo con otra organización, el pacto definitivo debía consolidarse con ellos. El mensaje criminal añadía una advertencia explícita para que la jefa del Ejecutivo estatal no retuviera bajo ninguna circunstancia los recursos económicos correspondientes a las administraciones municipales que ya se encontraban bajo su esfera de influencia.
La organización delictiva exigió formalmente mantener el dominio total sobre las rutas de las drogas, así como la facultad de colocar a personas propuestas por el propio cártel en puestos de relevancia administrativa dentro de los ayuntamientos, complementando la estrategia con la eliminación física o política de los candidatos que se negaran a alinearse a sus intereses. A cambio de estas concesiones, el jefe criminal ofrecía el financiamiento completo de las campañas políticas locales, con la condición posterior de recibir un porcentaje de las ganancias financieras obtenidas mediante la gestión gubernamental.
Nava, quien actualmente se desempeña como testigo colaborador dentro de la investigación federal de la FGR, es una de las personas que aparece junto al líder del cártel en un material videográfico que fue difundido públicamente. En dicha grabación también aparecen los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano. Tras la difusión del video, Tadeo Nava fue removido de su cargo en la dirección del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Morelos, mientras que el edil Toledano se encuentra actualmente en prisión.
La investigación llevada a cabo por las autoridades federales incluye una serie de conversaciones telefónicas que fueron intervenidas de manera legal por agentes de inteligencia. En estos registros de audio, los indiciados expresaban su profunda preocupación debido a que la difusión del polémico video afectaría de forma directa las aspiraciones políticas de los servidores públicos involucrados; no obstante, uno de los participantes en las llamadas manifestó que los planes debían continuar debido a que el alcalde en funciones contaba con los recursos financieros necesarios para realizar la compra masiva de votos en los comicios.
