La organización Greenpeace México interpuso una denuncia formal ante la ASEA y Pemex para exigir sanciones administrativas e investigar el presunto ocultamiento de información tras un derrame de hidrocarburos.
La organización internacional de corte ambientalista Greenpeace México promovió dos recursos de denuncia formal ante las autoridades regulatorias del país, derivado de un grave derrame de hidrocarburos en el Golfo de México cuyos componentes contaminantes impactaron de forma severa una extensión superior a los mil 100 kilómetros de litorales nacionales, afectando los ecosistemas costeros desde Tabasco hasta el estado de Tamaulipas.
El primer recurso legal corresponde a una denuncia popular radicada el pasado 4 de mayo de 2026 ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). Mediante este instrumento, el colectivo exige de manera perentoria la identificación plena de los responsables de la polución marina, el diseño de un plan integral para la restauración biológica de manglares y del Corredor Arrecifal del Golfo de México, así como el correcto confinamiento de los residuos oleosos recolectados en las playas.
Posteriormente, el 27 de mayo de 2026, la representación ambientalista interpuso una segunda denuncia orientada a la fincación de responsabilidades administrativas ante la propia Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este expediente solicita abrir una línea de investigación rigurosa en torno a los actos y omisiones imputables a Víctor Rodríguez Padilla, quien se desempeñaba como director general de la empresa paraestatal, así como a la cadena de servidores públicos que intervinieron en la contención de la contingencia.
La procedencia de la denuncia administrativa se sustenta en las admisiones realizadas por los propios voceros de la petrolera durante una conferencia de prensa celebrada el 16 de abril. En dicho encuentro, Pemex reconoció que sus mandos operativos ocultaron datos técnicos elementales sobre la pérdida de integridad mecánica de un oleoducto y el volumen de agua oleosa recuperada, sumado a una negligente demora de ocho días naturales para concretar el cierre total de la válvula principal una vez que se había detectado la fuga en alta mar.
Adicionalmente, el cuerpo de la denuncia documenta una marcada disparidad y posible discriminación institucional en las faenas de remediación ambiental. Los monitoreos civiles demostraron que Pemex focalizó sus cuadrillas de limpieza en destinos turísticos de alto impacto económico y zonas de fácil conectividad terrestre, postergando de manera sistemática el auxilio y la entrega de equipos de protección personal a comunidades pesqueras, rurales e indígenas de Veracruz y Tabasco, quienes resintieron los daños directos a sus fuentes de sustento alimentario.
Por ello, la demanda central de la denuncia ciudadana va encaminada a transparentar los bitácoras de operación de las secretarías de Estado involucradas —tales como Semarnat y Profepa—, exigiendo el diseño urgente de protocolos unificados de alerta temprana y atención a la salud pública que impidan la repetición de este tipo de desastres energéticos en aguas jurisdiccionales mexicanas.
