El senador y exgobernador Javier Corral Jurado anunció que no impugnará la resolución que cerró la investigación por presunto secuestro contra Maru Campos, decisión que la mandataria estatal atribuyó al encubrimiento de su orden de aprehensión por peculado.
El senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio a conocer su determinación procesal de no interponer recursos de impugnación en contra de la resolución emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual decretó el archivo de la carpeta de investigación iniciada en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván por el presunto delito de secuestro. El legislador federal argumentó que su postura obedece a un escenario de distorsión informativa generado en las plataformas mediáticas, afirmando que las determinaciones sobre los acontecimientos del pasado 14 de agosto han quedado en calidad de firmes.
El origen del litigio penal deviene de los sucesos registrados en la capital del país, cuando células operativas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua intentaron cumplimentar un mandamiento judicial de captura en contra de Corral Jurado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y desvío de recursos públicos. Al respecto, la gobernadora de Chihuahua ratificó que dicho despliegue institucional se apegaba a los lineamientos normativos y que la aprehensión fue interrumpida de forma extraordinaria por la interferencia directa de altos funcionarios de la administración pública de la Ciudad de México.
A pesar del desistimiento en este ámbito de la competencia local, Corral Jurado aseveró que el escenario jurídico no concluye con el carpetazo de dicho expediente, por lo que solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República dar un seguimiento puntual a las denuncias de carácter federal que ha interpuesto de manera personal, así como a los desglose promovidos originalmente por las autoridades judiciales de la Ciudad de México. El exmandatario insistió en que buscará que otras conductas asociadas al caso sean sancionadas penalmente bajo el criterio de los tribunales de la federación.
Por su parte, el Gobierno del Estado de Chihuahua ha sostenido que las acusaciones de privación ilegal de la libertad carecían de sustento fáctico y constitucional, debido a que la actuación de los agentes ministeriales obedecía a la ejecución formal de una orden de aprehensión vigente emitida por un juez de control de la entidad. Con la determinación de no impugnar por parte del senador, las resoluciones ministeriales previas adquieren definitividad jurídica en los archivos del fuero común del centro del país.
