La desconfianza ante posibles filtraciones de datos y ciberataques mantiene un rezago de 92 millones de números en el registro obligatorio de telefonía celular en México, cuyo plazo vence el próximo 29 de junio.
La implementación del registro obligatorio de líneas de telefonía móvil en la República Mexicana, coordinado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, enfrenta un marcado rezago operativo debido a la resistencia y desconfianza de la ciudadanía respecto a la salvaguarda de sus datos personales. De acuerdo con los indicadores estadísticos del sector, de un universo total de 144 millones de conexiones activas en el país, restan más de 92 millones de números telefónicos por ser vinculados formalmente a una identidad, situación que ha encendido las alertas ante la proximidad de la fecha límite fijada para el próximo 29 de junio de este año.
La comisionada presidenta del organismo regulador, Norma Solano, fundamentó la validez de la reforma al precisar que la iniciativa busca eliminar de forma definitiva el anonimato en las redes de comunicación, dotando a las autoridades de procuración de justicia de herramientas de trazabilidad para la investigación de ilícitos. No obstante, consultoras especializadas como The CIU y académicos del Tecnológico de Monterrey advierten que el almacenamiento centralizado de información confidencial —la cual incluye identificaciones oficiales y la Clave Única de Registro de Población— constituye un objetivo altamente atractivo para grupos de la delincuencia cibernética, recordando el antecedente del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2022.
A partir del 30 de junio, los concesionarios de telecomunicaciones procederán con la suspensión preventiva y temporal de los servicios informáticos en todas aquellas líneas que omitan el desahogo del trámite legal. Esta sanción operativa inhabilitará de forma automática el tráfico de llamadas convencionales de voz, el envío de mensajes de texto cortos y el acceso a redes de datos móviles, restringiendo la operatividad de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp y permitiendo únicamente el enlace con las líneas de atención a emergencias nacionales. Los analistas financieros anticipan que una desconexión de magnitudes masivas impactará negativamente en las transacciones bancarias, el comercio electrónico y las plataformas de transporte privado.
Para los casos específicos de usuarios menores de edad, el marco jurídico determina que los dispositivos no serán inscritos bajo la identidad de los infantes, debiendo quedar asociados de manera obligatoria al perfil de un adulto o tutor legal. Asimismo, las líneas asignadas con fines académicos o administrativos a corporativos e instituciones de educación superior serán tramitadas bajo la figura jurídica de persona moral, eximiendo la responsabilidad directa del usuario final. Las agencias de ciberseguridad instaron a la población a desahogar sus trámites exclusivamente mediante los portales oficiales de cada operadora, activando mecanismos de autenticación de doble factor para mitigar los riesgos latentes de suplantación de identidad.
