El Partido Acción Nacional presentó una denuncia formal contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional en La Haya, señalando que su estrategia de seguridad pública causó una crisis histórica de violencia.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) formalizó este domingo 7 de junio una denuncia penal en contra del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos. El dirigente nacional del albiazul, Jorge Romero, argumentó que la estrategia federal denominada «Abrazos, no balazos» sumió al territorio mexicano en una de las crisis operativas de seguridad más agudas de su historia contemporánea, promoviendo la judicialización internacional del modelo de pacificación previo.
La representación legal de la iniciativa, coadyuvada por el abogado Roberto Gil Zuarth, precisó que la omisión institucional en el combate frontal a los grupos de la delincuencia organizada generó un saldo estadístico superior a los 200 mil homicidios dolosos y más de 150 mil reportes de personas desaparecidas. Los denunciantes sostuvieron ante los tribunales internacionales que el repliegue de las fuerzas armadas permitió que los cárteles del narcotráfico consolidaran su influencia económica y territorial, desplazando a las autoridades legítimas en diversas regiones del país.
El partido opositor notificó que la decisión de acudir a las instancias fuera del país obedece a la pérdida de confianza en los órganos de procuración de justicia locales, derivado de la reforma constitucional y los procesos electorales que modificaron la estructura del Poder Judicial de la Federación. Acción Nacional manifestó que no existen garantías procesales internas para investigar los presuntos vínculos de actores políticos de Morena en entidades como Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas con células delictivas, acusando una captura institucional que impide el esclarecimiento de los hechos.
El documento entregado a la fiscalía de la CPI contrasta las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detallando que el volumen de ejecuciones del sexenio anterior superó en un 67 por ciento los registros de la administración de Felipe Calderón y en un 29 por ciento los indicadores de Enrique Peña Nieto. El panorama político actual muestra un distanciamiento técnico por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya gestión ha implementado un esquema de persecución táctica que derivó en la neutralización de objetivos prioritarios de la delincuencia organizada.
