La UNPF Chihuahua pidió regular, no prohibir, los celulares en escuelas, al considerar que pueden apoyar el aprendizaje bajo supervisión y facilitar comunicación familiar.
Chihuahua.- El uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica debe ser regulado y no necesariamente prohibido, consideró Laura Gurza Morales, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), delegación Chihuahua.
La postura de la representante de padres de familia surge después de que las 32 entidades federativas acordaron establecer medidas para regular el uso de dispositivos móviles en los planteles escolares durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).
De acuerdo con la Secretaría de Educación y Deporte (SEYD), el acuerdo fue firmado por el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, en representación del titular de la dependencia, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila. Los nuevos lineamientos comenzarán a aplicarse a partir del próximo mes.
La disposición contempla diferencias dependiendo del nivel educativo. En las escuelas primarias y secundarias se restringirá el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar, mientras que en educación media superior cada plantel establecerá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa.
En el caso de las instituciones de educación superior, éstas conservarán la autonomía para determinar las normas internas relacionadas con el uso de teléfonos y otros dispositivos electrónicos.
Ante este escenario, Gurza Morales señaló que los celulares pueden representar una herramienta útil dentro de las actividades escolares cuando existe una supervisión adecuada por parte de los docentes, aunque reconoció que también pueden convertirse en una fuente de distracción durante las clases.
La presidenta de la UNPF Chihuahua planteó que los estudiantes puedan llevar sus teléfonos a los planteles por motivos de seguridad y para mantener comunicación con sus madres y padres, pero propuso que permanezcan resguardados durante la jornada y sean devueltos a los alumnos al momento de salir de la escuela.
Indicó que este mecanismo ya se utiliza en algunos planteles y permite mantener la posibilidad de contacto entre las familias y los estudiantes sin que el dispositivo permanezca disponible durante las actividades académicas.
Gurza Morales también consideró que existen situaciones en las que los celulares pueden incorporarse directamente al proceso educativo. Por ejemplo, los docentes pueden solicitar investigaciones, consultas de información o actividades que requieran acceso a determinadas herramientas digitales.
En estos casos, señaló que el uso de los teléfonos debe realizarse bajo supervisión y con reglas previamente establecidas para impedir que los alumnos utilicen los dispositivos para jugar, ingresar a redes sociales o recurrir a otras aplicaciones ajenas a la actividad escolar.
La representante de la UNPF sostuvo que los dispositivos tecnológicos ya forman parte de la vida cotidiana, por lo que consideró necesario enseñar a niños, adolescentes y adultos a utilizarlos de manera responsable.
Desde su perspectiva, el objetivo debe ser aprovechar las ventajas de la tecnología sin generar una dependencia excesiva de los teléfonos celulares, tanto dentro de las escuelas como en los hogares.
En ese sentido, hizo un llamado a madres y padres de familia, así como al personal docente, para establecer reglas sobre el uso de dispositivos electrónicos y fomentar hábitos que permitan reducir el tiempo destinado a las pantallas.
También propuso fortalecer actividades deportivas, artísticas y lúdicas como parte del desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, particularmente ante el tiempo que actualmente pueden dedicar al uso de teléfonos y otras herramientas digitales.
Gurza Morales relacionó además el debate sobre el uso de celulares con la necesidad de reforzar los aprendizajes fundamentales. En particular, llamó a prestar atención a áreas como comprensión lectora, matemáticas y lectoescritura.
El acuerdo nacional contempla un periodo de adaptación para las comunidades escolares. A partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, comenzará un plazo de 30 días hábiles para realizar asambleas informativas con madres y padres de familia, tutores y docentes.
Estas reuniones tendrán como objetivo dar a conocer los lineamientos y establecer las dinámicas específicas que aplicará cada plantel, de acuerdo con sus características y con el nivel educativo correspondiente.
Además, las autoridades educativas de los estados contarán con un plazo de 180 días naturales para emitir o modificar los instrumentos jurídicos necesarios para armonizar las nuevas disposiciones en las escuelas públicas y privadas.
De esta manera, el acuerdo plantea una regulación diferenciada según el nivel educativo, mientras que en Chihuahua la UNPF ha planteado que las restricciones permitan mantener los teléfonos como una herramienta de comunicación y aprendizaje cuando exista una justificación y supervisión adecuada.
