El abogado de Julio César Chávez Jr. criticó el operativo de ICE que lo detuvo en California; la FGR confirmó que hay una orden de aprehensión en México por crimen organizado.
La detención del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles ha generado una intensa controversia tanto en Estados Unidos como en México. El arresto ocurrió el 2 de julio mientras el hijo del legendario campeón mundial se desplazaba en scooter cerca de su hogar en Studio City, apenas unas horas después de haber sido derrotado en el ring por el influencer Jake Paul. Según las autoridades migratorias estadounidenses, el deportista se encontraba en situación irregular debido a que su visa de turista B2 había expirado desde febrero de 2024.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que Chávez Jr. había presentado una solicitud de residencia permanente basada en su matrimonio con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense, pero presuntamente proporcionó información falsa en el proceso, lo que complica aún más su situación legal.
El abogado del boxeador, Michael A. Goldstein, denunció públicamente lo que calificó como un operativo excesivo por parte de las autoridades migratorias. En entrevista con el Los Angeles Times, aseguró que más de 25 agentes participaron en el arresto, bloqueando toda la calle y llevándose a su cliente sin informar de inmediato a su familia. “Fue un acto descarado diseñado para aterrorizar”, afirmó Goldstein, al tiempo que aseguró que su representado no representaba ninguna amenaza y entrenaba diariamente de forma pública.
Sin embargo, la situación dio un giro más grave cuando la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que existe una orden de aprehensión contra Chávez Jr. desde marzo de 2023, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y tráfico de armas. La carpeta de investigación, iniciada en 2019, no había podido avanzar debido a la residencia del boxeador en el extranjero.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ya trabaja en conjunto con autoridades estadounidenses para coordinar su posible deportación inmediata y entrega a las autoridades mexicanas. De confirmarse los cargos y ser hallado culpable en México, Chávez Jr. podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
Otro punto de tensión en el caso es la conexión indirecta del deportista con el Cártel de Sinaloa. Su actual esposa, Frida Muñoz, fue pareja del fallecido Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y madre de una hija con él. Aunque no existen acusaciones formales que lo vinculen directamente con Ovidio Guzmán o “Los Chapitos”, las autoridades mexicanas ya analizan la posibilidad de nexos familiares y financieros con dicha organización criminal.
Julio César Chávez Jr. permanece en estos momentos en un centro migratorio bajo el procedimiento de “expedited removal”, que podría derivar en una deportación sin derecho a audiencia. El caso ha despertado atención internacional tanto por el perfil mediático del boxeador como por las implicaciones judiciales y diplomáticas que conlleva.
