El acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos contempla tres niveles para desarrollar yacimientos, elevar la producción y permitir participación estadounidense en operaciones petroleras venezolanas.
Venezuela y Estados Unidos avanzan en un acuerdo petrolero que contempla el desarrollo de al menos una parte de los 64 mil millones de barriles de reservas probadas concentradas en 17 yacimientos incluidos en el convenio. La propuesta establece una estructura de tres niveles que involucraría a los gobiernos de ambos países, a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a una empresa estadounidense que participaría directamente en las operaciones dentro del territorio venezolano.
De concretarse bajo los términos que actualmente se encuentran en negociación, Estados Unidos tendría acceso inmediato a un volumen base de crudo venezolano exportable proveniente de yacimientos maduros que ya se encuentran en funcionamiento. Las autoridades involucradas prevén que, con el desarrollo de los proyectos, la producción conjunta pueda incrementarse hasta alcanzar 1.5 millones de barriles diarios.
Sin embargo, el acuerdo también enfrenta cuestionamientos relacionados con su legalidad y con la viabilidad de llevarlo a la práctica. Entre las principales dudas se encuentran la duración del convenio, los mecanismos para autorizarlo tanto en Venezuela como en Estados Unidos y la ausencia de un proceso competitivo para seleccionar a los socios que participarían en las operaciones.
El primer nivel corresponde al acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, anunciado el viernes 28 de agosto después de varios meses de negociaciones. Entre los objetivos planteados se encuentra garantizar a compañías privadas estadounidenses acceso a los yacimientos petroleros venezolanos mediante una asociación, además de procurar que una parte mayoritaria de la producción sea enviada a Estados Unidos por motivos relacionados con la seguridad energética.
El convenio también busca establecer una relación de largo plazo con el operador que participe en la explotación de los campos. No obstante, el contenido completo del acuerdo todavía no ha sido divulgado públicamente, por lo que algunos de sus detalles podrían permanecer sin conocerse durante un periodo de tiempo.
La situación legal representa uno de los principales puntos de incertidumbre. Una reciente reforma a la principal legislación petrolera de Venezuela eliminó la supervisión obligatoria de la Asamblea Nacional sobre determinados contratos energéticos considerados de interés nacional.
Abogados y especialistas han advertido que distintos aspectos del convenio podrían terminar siendo cuestionados ante los tribunales. Entre ellos se encuentran la duración prevista del acuerdo, la falta de aprobación por parte de otras instituciones de Venezuela y Estados Unidos y el hecho de que no se haya realizado un proceso competitivo para determinar qué empresas participarían como socios.
El segundo nivel está relacionado con la asociación que permitiría desarrollar los yacimientos directamente en Venezuela. La legislación venezolana en materia de hidrocarburos contempla dos principales esquemas para producir petróleo: las empresas mixtas y los contratos de producción compartida.
En el caso de las empresas mixtas, los participantes pueden obtener una participación accionaria dentro de la compañía productora y mantener derechos sobre las reservas durante un periodo de 25 años, con posibilidad de una extensión adicional de 15 años.
Por otra parte, los contratos de producción compartida permiten desarrollar y producir hidrocarburos por tiempo indeterminado, aunque este esquema no concede a las empresas participantes derechos de participación accionaria en la compañía productora.
Hasta ahora no se ha definido cuál de estas modalidades será utilizada por North American Blue Energy Partners (NABEP), la compañía estadounidense que, de acuerdo con fuentes citadas en la información, habría sido elegida por Washington como socio para el acuerdo.
Cualquiera de las estructuras requeriría una asociación con PDVSA, la empresa estatal venezolana encargada de buena parte de la actividad petrolera del país. La petrolera estatal y NABEP ya mantienen una relación como socias desde hace varios años.
NABEP anteriormente perteneció al empresario petrolero estadounidense Harry Sargeant y actualmente se encuentra bajo el control del empresario venezolano Alejandro Betancourt. De acuerdo con las fuentes citadas, una nueva empresa conjunta podría absorber y ampliar los proyectos que NABEP ya desarrolla en Venezuela, con lo que se establecería una base inicial de producción que podría ser destinada a la exportación.
El tercer nivel contempla una operación de capital en Estados Unidos mediante la cual el gobierno estadounidense buscaría asegurar una participación en las operaciones de NABEP dentro de Venezuela.
De acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, el acuerdo marco fue negociado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. El Departamento de Energía de Estados Unidos no habría participado en esa primera etapa de las conversaciones.
Según información publicada la semana pasada por The Wall Street Journal, el Pentágono contempla adquirir una participación de 35 por ciento en la empresa privada que tendría los derechos para operar los proyectos petroleros en Venezuela.
La inversión sería estructurada por la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa mediante opciones de compra de acciones. Este mecanismo permitiría al gobierno estadounidense obtener una participación accionaria sin realizar un desembolso inicial significativo.
Además, las fuentes citadas en la información señalan que Estados Unidos habría negociado derechos para recibir un 20 por ciento adicional de la producción total de petróleo proveniente de los yacimientos incluidos en el acuerdo. Ese volumen podría ser utilizado para reponer las reservas de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos.
De esta manera, el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos no se limita a un convenio bilateral entre Caracas y Washington. Para que pueda ejecutarse será necesario definir el modelo jurídico mediante el cual se explotarán los yacimientos, establecer la nueva estructura de asociación entre PDVSA y NABEP y concretar el mecanismo mediante el cual el gobierno estadounidense tendría participación en las operaciones.
La propuesta representa, por tanto, un esquema de alcance energético y financiero que busca aprovechar parte de las enormes reservas petroleras venezolanas, al mismo tiempo que permitiría a Estados Unidos asegurar acceso a una fuente adicional de crudo. Sin embargo, la falta de detalles públicos y los cuestionamientos sobre el marco jurídico mantienen abiertos varios interrogantes sobre la forma definitiva que tendrá el acuerdo y sobre las condiciones bajo las cuales comenzaría a operar.
