Productores agrícolas protestaron en el Centro con tractores para exigir a legisladores rechazar la reforma a la Ley de Aguas, alegando que afectará el valor de sus parcelas.
Alrededor de cien productores agrícolas llevaron a cabo una manifestación en el Centro, donde utilizaron tractores y otros vehículos como parte de un bloqueo para exigir que no se apruebe la reforma propuesta a la Ley de Aguas Nacionales. Los inconformes solicitaron a diputados federales y senadores que voten en contra de dicha modificación, pues según sus señalamientos esta reforma afectaría directamente el patrimonio rural al separar el derecho de propiedad de las tierras de los permisos relacionados con el acceso y uso del agua.
Los manifestantes afirmaron que, de aprobarse la reforma, los terrenos productivos perderían valor y quedarían en una situación incierta, lo que perjudicaría la actividad agrícola y la estabilidad económica de quienes dependen de estas parcelas como medio de subsistencia. En su postura, advierten que el agua es tan fundamental como la tierra para garantizar la producción, por lo que consideran riesgoso que ambas condiciones se regulen y asignen de manera independiente.
La protesta inició alrededor del mediodía, cuando agricultores provenientes de la región centro-sur del estado arribaron al Centro Histórico para fijar su posicionamiento, solicitando no solo que la reforma sea detenida, sino que se garantice la protección de los derechos de quienes trabajan el campo. Para reforzar la presión pública y política, los participantes utilizaron al menos cuatro tractores y distintos vehículos agrícolas con los que bloquearon parcialmente la circulación sobre las calles Aldama e Independencia, una de las arterias más transitadas de la zona.
El bloqueo afectó uno de los carriles principales, lo que provocó complicaciones en el flujo vehicular y captó la atención de peatones y comercios aledaños. Los productores señalaron que continuarán organizando acciones hasta ser escuchados por las autoridades legislativas, reiterando su postura de defensa del campo y del acceso al agua como derecho esencial para garantizar la producción nacional.
