La Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra la Extorsión con 339 votos a favor, reduciendo las penas a funcionarios cómplices de 10-20 años a un rango de 5-12 años.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aunque con una modificación que reduce las sanciones a servidores públicos cómplices u omisos ante este delito.
La sesión, celebrada el 28 de octubre de 2025 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, concluyó con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, enviando el dictamen al Senado para su análisis y eventual aprobación.
La nueva legislación define por primera vez un tipo penal de extorsión aplicable a nivel nacional, además de establecer mecanismos de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para su prevención, investigación y castigo.
El cambio más relevante fue la reducción de penas a funcionarios públicos cómplices o que no denuncien el delito, al pasar de un rango de 10 a 20 años de prisión —como proponía el texto original enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum— a 5 a 12 años, además de multas de 600 a 3,000 UMA.
El ajuste fue impulsado por legisladores de Morena y sus aliados, quienes defendieron la decisión argumentando una “racionalidad punitiva”. El coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal Ávila, explicó:
“No es una indulgencia para el servidor público, es un ejercicio de proporcionalidad. No puede ser más grave la omisión que la ejecución del acto ilícito.”
El dictamen aprobado también precisó que los fondos para la reparación del daño a las víctimas provendrán de procedimientos de extinción de dominio, y que la Estrategia Nacional contra la Extorsión deberá incluir campañas de información ciudadana y metas de rendición de cuentas.
Críticas de la oposición
La reducción de penas provocó fuertes críticas por parte de legisladores del PAN, PRI y algunos del PT, quienes advirtieron que la decisión “envía un mensaje equivocado” en la lucha contra la corrupción y la complicidad institucional.
El diputado Elías Lixa (PAN) propuso aumentar las sanciones para los autores materiales del delito:
“En vez de bajar la pena a los funcionarios que se coluden con extorsionadores, deberíamos aumentársela a los delincuentes.”
Integrantes del PRI consideraron que el dictamen “se queda corto” y que debieron incorporarse tipos penales agravados para casos de extorsión con violencia o reincidencia.
Durante el debate, la diputada Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, dialogó con Monreal y optó por abstenerse en la votación final.
Otra parte del debate se centró en la posible aplicación retroactiva de la ley, ya que en Chihuahua, Guerrero, Morelos y Quintana Roo las penas actuales por extorsión son mucho más altas —de hasta 30 años de prisión—. La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) alertó que la nueva ley podría beneficiar a unos 600 reclusos actualmente procesados por este delito.
Nuevas medidas institucionales
La ley aprobada también crea el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que permitirá recibir denuncias anónimas a través del número 089 y fortalecer la coordinación entre autoridades y ciudadanía.
Con esta ley, el Congreso da cumplimiento a la reforma constitucional del artículo 73, que otorgó facultades al Poder Legislativo para emitir una ley general en materia de extorsión, unificando criterios y sanciones a nivel nacional.
