Importar un auto a México en 2026 será más caro y estricto tras el fin del decreto de regularización; ahora solo es posible mediante importación definitiva y con agencia aduanal.
La importación de vehículos a México cambió de manera definitiva en 2026 con el fin del decreto de regularización simplificada, lo que marcó el cierre de la era de los llamados autos chocolate y el regreso a las reglas tradicionales del comercio exterior.
Durante años, miles de familias cruzaron vehículos desde Estados Unidos bajo esquemas flexibles y de bajo costo, que permitían regularizarlos posteriormente. Sin embargo, la administración federal decidió no renovar este decreto, eliminando cualquier trato excepcional y devolviendo el control total a las disposiciones aduanales vigentes.
A partir de este año, la única vía legal para importar un vehículo es la Importación Definitiva, un proceso técnico y fiscal que exige la intervención obligatoria de una agencia aduanal y el cumplimiento estricto de diversos requisitos legales.
Uno de los principales filtros es el año-modelo del vehículo. Para autos destinados al interior del país, solo se permiten unidades con 8 y 9 años de antigüedad, es decir, modelos 2017 y 2018. En el caso de la franja fronteriza norte, el rango se amplía de 5 a 9 años, permitiendo modelos de 2017 a 2021.
Otro requisito clave es el número de identificación vehicular (VIN). Solo son elegibles los autos fabricados en Estados Unidos, Canadá o México, identificados con los números 1, 2, 3, 4 o 5. Los vehículos de otros orígenes enfrentan aranceles tan elevados que hacen inviable su importación para la mayoría de los ciudadanos.
El impacto económico también es considerable. Los pagos simbólicos quedaron atrás y ahora se deben cubrir impuestos como el IGI, que puede ser del 10% si el auto cumple con el T-MEC o hasta del 50% si no es de la región, además del IVA del 16%, derechos aduanales, prevalidación y honorarios del agente aduanal.
En conjunto, el costo total de importar un auto suele oscilar entre 1,500 y 2,500 dólares. Además, se exige que el vehículo cuente con título limpio, funcionamiento mecánico adecuado y componentes ambientales originales, como el convertidor catalítico.
Aunque estas medidas han generado inconformidad, especialistas señalan que el proceso ofrece mayor certeza jurídica, ya que el vehículo queda plenamente legalizado, asegurable y apto para su venta, evitando riesgos patrimoniales para los compradores.
