Fugas en cárceles de Tabasco suman al menos 20 en dos meses, superando cifras históricas. Autoridades y especialistas advierten fallas en seguridad y piden reforzar el sistema penitenciario.
El sistema penitenciario de Tabasco enfrenta un escenario crítico tras el registro de al menos 20 fugas de personas privadas de la libertad en los últimos dos meses, una cifra que ha encendido alertas entre autoridades y especialistas en seguridad.
De acuerdo con datos oficiales, este repunte contrasta con el comportamiento observado en años recientes, ya que entre 2020 y 2024 se contabilizaron en total 20 carpetas de investigación por evasión de reos. El incremento en tan corto periodo refleja un cambio significativo en la tendencia.
Durante 2025 ya se había detectado un aumento con al menos nueve casos registrados, pero en lo que va de 2026 la cifra se ha elevado de forma considerable, consolidando el peor escenario en al menos siete años dentro del sistema penitenciario estatal.
Algunos de los casos recientes han evidenciado posibles fallas en los protocolos de seguridad. En el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET), por ejemplo, un interno logró evadirse durante un periodo de visita familiar, lo que puso en duda la eficacia de los controles internos.
El contexto se agrava al considerar antecedentes de violencia en los centros penitenciarios de la entidad, donde en años recientes se han registrado motines, enfrentamientos y hechos que han dejado víctimas, generando llamados constantes de organismos de derechos humanos para mejorar las condiciones de gobernabilidad.
Especialistas señalan que el aumento en las fugas podría estar relacionado con deficiencias en infraestructura, falta de personal capacitado y posibles actos de corrupción, factores que históricamente han impactado al sistema penitenciario en distintas regiones del país.
Ante esta situación, autoridades estatales y federales han iniciado revisiones en los mecanismos de seguridad, con el objetivo de fortalecer la vigilancia, incorporar tecnología y mejorar la capacitación del personal encargado de la custodia de internos.
Por su parte, organizaciones civiles han solicitado investigaciones independientes para esclarecer las causas de este incremento y determinar responsabilidades, al considerar que la situación representa un riesgo para la seguridad pública y el funcionamiento del sistema de justicia.
El panorama mantiene bajo presión a las autoridades, en un contexto donde la capacidad institucional para contener este tipo de fenómenos continúa siendo cuestionada.
