Un juez federal dictó prisión formal contra el exagente del Cisen Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado como presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.
Un juez federal determinó la formal prisión del exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. La orden judicial fue emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Almoloya de Juárez, de acuerdo con información difundida por N+.
La autoridad judicial basó su decisión en la averiguación SE/003-BIS/95, presentada por la FGR, donde se sostiene que Sánchez Ortega habría accionado un arma en dos ocasiones durante el atentado que terminó con la vida de Colosio, hecho considerado uno de los casos políticos y judiciales más controvertidos en México en las últimas décadas. El exagente fue detenido nuevamente el 8 de noviembre, casi 30 años después, en Tijuana, tras la reactivación de líneas de investigación relacionadas con el magnicidio.
Esta es la segunda ocasión en que Sánchez Ortega es asegurado por autoridades mexicanas. La primera detención ocurrió el mismo día del asesinato en Lomas Taurinas, donde fue puesto a disposición debido a que vestía una chamarra con presuntas manchas de sangre y habría dado positivo a la prueba de rodizonato de sodio, técnica utilizada para detectar si una persona estuvo en contacto con residuos de pólvora. Sin embargo, en aquel momento los elementos presentados no fueron suficientes para acreditar una responsabilidad penal, por lo que un juez ordenó su liberación.
En años posteriores, el nombre del exagente volvió a mencionarse eventualmente en distintas hipótesis y reconstrucciones del caso. Durante 2024, su nombre resurgió nuevamente dentro del expediente investigado por la FGR; no obstante, un juez suspendió temporalmente la ejecución de una orden de aprehensión al considerar que en ese instante no se contaba con pruebas suficientes para justificarla legalmente. Posteriormente, el proceso avanzó hasta llegar a la reciente determinación de formal prisión.
Finalmente, tras la nueva detención, surgieron declaraciones del abogado Jesús González Schmal, defensor de Mario Aburto, quien actualmente cumple una condena de tres décadas por el asesinato de Colosio. González Schmal sostuvo mediáticamente que su cliente “no realizó ninguno de los dos disparos” escuchados el día del ataque. Según su versión, Aburto habría señalado a un individuo apodado “El Ruco”, identificado de manera pública como supuesto sicario, quien fue encontrado sin vida el 24 de marzo de 1994 en un taller mecánico en Tijuana, apenas un día después del magnicidio.
De acuerdo con las declaraciones del abogado, Sánchez Ortega habría tenido un papel más relevante del que se conocía públicamente, sugiriendo que el exagente pudo haber sido un integrante de peso dentro de lo que calificó como una posible conspiración relacionada con los hechos ocurridos durante el mitin en territorio fronterizo. Estas declaraciones se suman al debate de versiones, investigaciones y teorías que han rodeado el caso durante casi tres décadas, convirtiéndolo en uno de los episodios más discutidos y analizados en la historia política reciente de México.
