El asesinato de dos adolescentes evidenció el reclutamiento forzado del CJNG en Jalisco, donde aumentan desapariciones juveniles y surgen denuncias sobre complicidad de autoridades en la protección de estas redes criminales.
El hallazgo de los cuerpos de Paúl Alexander y Carlos Alejandro, dos adolescentes de 16 años originarios de Jalisco, asesinados tras un enfrentamiento armado en Sinaloa, expuso nuevamente la operación de redes de reclutamiento forzado de menores por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, ambos jóvenes desaparecieron en mayo de 2025 y fueron localizados sin vida el 14 de julio en la comunidad de El Pozo, Culiacán. Las investigaciones revelaron que fueron contactados a través de redes sociales, trasladados a Zacatecas para recibir entrenamiento en armas, enviados a Nayarit y finalmente a Sinaloa, donde participaron en un enfrentamiento.
Testimonios de sobrevivientes de este circuito criminal confirman que al menos cuatro adolescentes más, reportados como desaparecidos en Jalisco, estarían en situación de reclutamiento forzado en Sinaloa.
Jalisco, epicentro de desapariciones juveniles
Con 15,838 personas desaparecidas, de las cuales 702 corresponden a 2025, Jalisco encabeza la lista nacional. El Comité Universitario de la UdeG advirtió que el repunte de desapariciones de adolescentes está vinculado al reclutamiento criminal. El coordinador estratégico de Seguridad estatal, Roberto Alarcón, indicó que se han identificado 65 menores enrolados por grupos delincuenciales desde el inicio de la actual administración.
Rancho Izaguirre: símbolo de impunidad
El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, se mantiene como evidencia de esta maquinaria criminal. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional rescató a dos personas, halló un cuerpo y detuvo a diez integrantes del CJNG. Aunque recibieron sentencias de 141 años de prisión, el proceso estuvo plagado de irregularidades: las audiencias fueron privadas, el Consejo de la Judicatura no ha entregado una versión pública de la sentencia y persisten contradicciones en los reportes oficiales sobre el operativo.
Tres policías de Tala enfrentan procesos judiciales por presuntamente entregar víctimas al grupo criminal, mientras que el exalcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, fue acusado de colaborar con la organización. Además, la Fiscalía Anticorrupción investiga a 12 funcionarios públicos, incluidos agentes ministeriales y peritos, por presuntas malas prácticas procesales.
Persistencia del reclutamiento
Aunque se han dictado sentencias, especialistas subrayan que la red del CJNG continúa operando, captando adolescentes a través de redes sociales y trasladándolos entre estados para labores criminales. Para muchas familias, la búsqueda de justicia sigue marcada por omisiones institucionales y complicidad de autoridades locales.
