Ambientalistas y productores de Madero enfrentan extorsiones, ataques y amenazas del CJNG, que exige cuotas confiscatorias y opera sin freno ante la ausencia y presunta colusión de autoridades.
Una reciente investigación periodística reveló que en el municipio de Madero, Michoacán, la defensa del medio ambiente se ha convertido en una actividad de riesgo extremo debido a la expansión criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La célula encabezada por Ángel Herrera, conocido como “Sierra 1” o “El Apá”, se ha consolidado como una estructura que desde hace más de diez años controla actividades ilícitas y ahora ha incorporado nuevas prácticas de extorsión dirigidas específicamente a ambientalistas, campesinos y productores agrícolas.
Los defensores forestales y resineros denunciaron que esta organización criminal exige cuotas que alcanzan hasta el 50% de las ganancias obtenidas de la venta de resina de pino, un recurso clave en la economía local y del que Michoacán es uno de los principales productores del país. En un mercado donde el kilo de resina supera los 400 pesos, esta actividad se ha convertido en un objetivo atractivo para el crimen, que impone pagos inmediatos bajo amenazas de despojo de propiedad, robo de ganado o agresiones mortales.
La experiencia de Modesto Gutiérrez, campesino y padre de siete hijos, evidencia esta situación. Tras ser presionado para entregar medio millón de pesos y un vehículo, solo pudo reunir 50 mil, lo cual antecedió su asesinato. Su cuerpo fue hallado en un camino serrano, marcando un caso más de violencia extrema en la región.
Junto con la extorsión económica, los ataques directos se han intensificado. Durante los días 6 y 7 de noviembre de 2025, grupos armados vinculados al CJNG atentaron contra los hogares de Javier Gómez y Guillermo Saucedo Gamiño, ambos integrantes del Comité Ecológico del Consejo Promotor de Área Natural Protegida de Madero. El primer ataque, efectuado desde un vehículo Camaro gris, derivó en la muerte de una mujer y dejó herido a un hombre, ambas víctimas colaterales. Posteriormente, dos camionetas intentaron ingresar al domicilio de Saucedo para asesinarlo; logró huir hacia un cerro, donde permaneció escondido junto con otros defensores tras un tercer tiroteo ocurrido esa noche.
Los ambientalistas pidieron apoyo al alcalde de Madero, Juan Carlos Gamiño, cuya respuesta —“No puedo. No me hacen caso”— reflejó la incapacidad o falta de voluntad de la autoridad municipal. Testimonios señalan que la policía local mantiene vínculos con integrantes del crimen organizado, y que se ha observado a hombres armados reunidos dentro de la presidencia municipal con el propio alcalde, lo que sugiere posibles complicidades.
A pesar de algunas intervenciones de la Guardia Civil de Michoacán y la Guardia Nacional, estos operativos han sido insuficientes para desarticular a las células criminales que mantienen bajo control a comunidades como El Sangarro, Etúcuaro, El Capulín y Villa Madero, donde la población vive bajo asedio. Los defensores ambientales relataron que desde 2022 han reducido sus recorridos por las amenazas constantes; ese año Saucedo fue secuestrado y liberado tras recibir advertencias para abandonar sus denuncias.
Amenazas recientes en redes sociales también señalan a líderes ambientales como Julio Santoyo Guerrero, académico y miembro del Consejo Estatal de Ecología, quien ha documentado la tala ilegal y el saqueo de agua desde 2015.
La extorsión del CJNG se ha expandido igualmente hacia productores agrícolas como aguacateros, limoneros, frutilleros y resineros, quienes son obligados a entregar una parte de sus ingresos. La muerte del maestro mezcalero Sergio Rangel Vieyra, asesinado en mayo, y enfrentamientos violentos que dejaron más de seis muertos en la zona muestran que la agresión funciona como mecanismo de control. Pobladores de Madero afirman incluso que el alcalde ha reconocido que una parte del presupuesto municipal termina en manos del crimen, lo que confirma la penetración del CJNG en el ámbito político.
En este contexto de violencia, colusión y ausencia institucional, los ambientalistas señalan que la policía municipal no ofrece protección real y que las medidas otorgadas por la Fiscalía de Michoacán no son suficientes para garantizar su seguridad en una región donde la extorsión se ha convertido en política criminal cotidiana.
