El CJNG ha establecido una red ilegal para traficar mercurio desde minas en Querétaro hacia Sudamérica, principalmente Perú y Colombia, con graves impactos ambientales y sociales, además de corrupción institucional.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por “El Mencho”, ha consolidado un lucrativo negocio de tráfico ilegal de mercurio, operando principalmente desde minas ubicadas en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, Querétaro. De acuerdo con un informe de la Environmental Investigation Agency (EIA) de Estados Unidos, entre 2019 y 2025 se han traficado aproximadamente 200 toneladas de mercurio, con un valor estimado superior a los 8 mil millones de dólares.
Las operaciones mineras ilegales, al menos 19 en total, están fuertemente militarizadas con torres de vigilancia, cercos y puestos armados, controlados por el “Cártel de las Cuatro Letras”. El cinabrio extraído es transportado a otros estados para ser convertido en mercurio metálico, el cual luego es exportado clandestinamente.
Aunque México es signatario del Convenio de Minamata, que regula el uso del mercurio y prohíbe nuevas minas desde 2015, una excepción para minería artesanal hasta 2032 ha permitido que el CJNG explote lagunas legales y documentos falsos para “legalizar” la producción. La corrupción juega un papel fundamental: sobornos a funcionarios aduaneros y portuarios facilitan la salida de cargamentos sin inspección, revelando discrepancias de hasta 106% entre lo declarado y lo realmente exportado.
En el mercado negro, el mercurio alcanza precios de hasta 330 dólares por kilogramo, generando una “fiebre” similar a la de otras sustancias ilícitas. El impacto ambiental es alarmante: comunidades cercanas presentan niveles de mercurio hasta 150 veces por encima de lo permitido, afectando principalmente a mujeres, niñas y comunidades indígenas con enfermedades crónicas y daños neurológicos. La minería ilegal también sostiene actividades delictivas como extorsión, reclutamiento forzado y desplazamiento de pobladores.
El mercurio es exportado desde los puertos de Manzanillo y Veracruz, oculto en contenedores como grava o piedra chancada. El 74% de estos envíos se dirigen a Perú, donde abastece principalmente zonas mineras ilegales en la Amazonía, especialmente Madre de Dios, con una demanda mensual de 1.5 toneladas. En 2024 se incautaron casi 4 toneladas en la región, la mayor cantidad decomisada en Sudamérica. Además, se documenta el paso del químico por Colombia, con base en Medellín.
Las mafias que controlan la minería ilegal en Sudamérica utilizan este mercurio para extraer oro sin controles ambientales ni fiscales, vinculándose a delitos graves como trata de personas, deforestación, homicidios y corrupción.
La EIA hace un llamado urgente para que México clausure estas explotaciones ilegales y establezca sistemas de revisión para frenar la exportación clandestina antes de 2025, ya que de no hacerlo, la problemática continuará creciendo, con graves consecuencias para la salud pública, el medio ambiente y la seguridad regional.
