La CNDH atraerá la investigación sobre la represión en la marcha por el agua en Jalisco, con al menos 40 detenidos arbitrarios, y Sheinbaum pidió identificar quién dio la orden.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que atraerá la investigación sobre las presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas durante la manifestación por el acceso al agua potable, realizada el 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con los reportes, la movilización dejó un saldo de al menos 40 personas detenidas de forma arbitraria.
En un comunicado, el organismo explicó que busca esclarecer las presuntas acciones de represión atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad estatal. Indicó que ejerce su facultad de atracción para investigar los hechos en los que personas defensoras de derechos humanos y activistas, que se manifestaban por el derecho al agua potable, habrían sido víctimas de actos de represión.
La CNDH señaló que su intervención pretende garantizar una indagatoria expedita, imparcial y con perspectiva de derechos humanos. También pidió a las autoridades de Jalisco investigar las detenciones y las presuntas agresiones, y sancionar a quienes resulten responsables. En el documento, hizo un llamado respetuoso pero enérgico para que se esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron los hechos y se castigue a los responsables.
Asimismo, solicitó a las autoridades estatales adoptar medidas para impedir el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza contra quienes participen en protestas. La Comisión sostuvo que ha dado seguimiento a lo sucedido desde el primer momento, ante la posibilidad de que estas prácticas represivas se repitan y se normalicen.
Según el comunicado, entre las personas presentes en la movilización había niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. El organismo añadió que existen reportes de personas lesionadas, presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación de las personas detenidas. La CNDH expresó que le preocupa grandemente que ejercieran su derecho a la manifestación pacífica personas de estos grupos.
El organismo afirmó que la protesta social forma parte del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, por lo que no debe provocar represalias ni actuaciones arbitrarias de las autoridades. Subrayó que ninguna autoridad puede utilizar sus atribuciones para impedir, mediante la violencia o el uso de la fuerza, el ejercicio de derechos fundamentales. Para sustentarlo, citó la Recomendación General 46/2022, emitida sobre episodios históricos de represión del Estado y garantías de no repetición.
La CNDH detalló que entró en comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para coordinar las acciones posteriores a la atracción del caso. Además, desplegó personal de su Oficina Regional en Jalisco y de la Quinta Visitaduría General para atender directamente a las personas que resultaron afectadas físicamente y vulneradas en sus derechos.
Por su parte, la CEDHJ emitió dos medidas cautelares a partir del acta de investigación 41/2026. La primera se dirigió a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que brinde acompañamiento integral a las personas manifestantes detenidas, a sus familiares y a los elementos policiales heridos durante el enfrentamiento. La segunda se envió a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, y solicita acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en todos los sucesos derivados de los hechos del 11 de octubre de 2026.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió a la CNDH realizar una investigación profunda sobre lo ocurrido en Jalisco. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, sostuvo que no puede permitirse lo ocurrido y que la tortura por parte de fuerzas del orden debe desaparecer del país. Explicó que un día antes solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre las acusaciones por el uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y tortura contra jóvenes durante la marcha.
La mandataria precisó que también pide a la CNDH que entreviste a las víctimas, determine cómo sucedieron los hechos e identifique quién dio la orden, para que se definan responsabilidades. Cuestionó cómo es posible que en 2026 siga habiendo tortura de policías contra jóvenes, y afirmó que ninguna fuerza del orden puede torturar a una persona, y menos durante una detención.
