La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra Samuel García por presunta triangulación de recursos públicos hacia empresas vinculadas con familiares.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, tras una solicitud promovida por la bancada de Morena relacionada con una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con familiares del mandatario estatal.
La petición fue presentada el pasado 8 de junio y dos días después recibió trámite legislativo para comenzar el procedimiento correspondiente contra el titular del Ejecutivo estatal.
Tras la aprobación de la Comisión Anticorrupción, Samuel García deberá ser notificado formalmente y contará con un plazo para responder a los señalamientos. De acuerdo con el procedimiento, podrá comparecer ante el Congreso local de manera escrita o presencial.
El gobernador de Nuevo León tendrá un periodo de 15 días hábiles para presentar su declaración ante el Poder Legislativo estatal.
Las acusaciones surgen luego de que en abril se difundiera una investigación que señala que el mandatario estaría bajo indagatoria por presuntamente participar en un esquema financiero destinado al desvío y triangulación de recursos públicos por más de mil millones de pesos.
Según los señalamientos, recursos gubernamentales habrían sido canalizados mediante diversas operaciones hacia un despacho jurídico cuyos principales accionistas son familiares directos del gobernador. Posteriormente, parte de esos recursos presuntamente habrían sido transferidos a otras empresas y enviados a cuentas fuera del país.
La investigación menciona que una empresa inmobiliaria habría recibido transferencias superiores a los mil millones de pesos antes de que los fondos fueran movilizados a distintas jurisdicciones internacionales.
Por su parte, Samuel García rechazó las acusaciones y calificó los señalamientos como información ya revisada anteriormente por autoridades estatales. Asimismo, aseguró que una investigación previa concluyó con una determinación de no ejercicio de la acción penal al no encontrarse irregularidades.
El procedimiento legislativo continuará conforme a los plazos establecidos, mientras las autoridades competentes determinan el alcance de las investigaciones y las posibles responsabilidades derivadas del caso.
