La Corte Suprema de EE.UU. permitió temporalmente que Trump limite la ciudadanía por nacimiento en 28 estados, sin pronunciarse aún sobre la constitucionalidad de la medida.
La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó este viernes, por una votación de 6 a 3, permitir la entrada en vigor parcial de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía automática por nacimiento en 28 estados del país. Aunque la medida sigue siendo impugnada legalmente, el fallo representa una importante victoria para el expresidente y actual mandatario en funciones durante su segundo mandato.
La decisión no abordó la constitucionalidad de fondo de la medida, que restringe uno de los principios más antiguos del derecho migratorio estadounidense: la ciudadanía por nacimiento garantizada por la 14.ª Enmienda. En cambio, la Corte se enfocó en limitar el alcance de las medidas cautelares que habían bloqueado la orden ejecutiva a nivel nacional, permitiendo que entre en vigor en los estados que no interpusieron recursos legales.
La orden firmada por Trump el 20 de enero, en su primer día de nuevo mandato, causó conmoción al cuestionar una práctica consagrada desde 1868. El fallo de la Suprema Corte permitirá que, dentro de 30 días, comience a aplicarse la restricción en los 28 estados que no participaron en las impugnaciones judiciales.
Los detalles sobre cómo se implementará la política aún no están del todo claros. Lo que sí es evidente es que se abre una etapa de incertidumbre jurídica para miles de familias inmigrantes, particularmente aquellas en situación irregular, cuyas hijas e hijos nacidos en Estados Unidos quedarían, por ahora, fuera del acceso automático a la ciudadanía.
La decisión también representa un punto de inflexión en el debate sobre los mandatos judiciales de alcance nacional. En años recientes, estos han sido herramientas clave utilizadas para frenar políticas tanto de gobiernos demócratas como republicanos. En este caso, la Corte cuestionó que jueces de distrito pudieran suspender políticas federales para todo el país, y sugirió limitar su alcance solo a las partes directamente involucradas en un litigio.
Jueces federales en Washington, Maryland y Massachusetts habían bloqueado la orden ejecutiva poco después de su anuncio. En una audiencia celebrada en Seattle, el juez John Coughenour llegó a calificarla como “descaradamente inconstitucional”, al considerar que contradice directamente la 14.ª Enmienda.
El debate sigue siendo intenso: ¿es legal que un presidente cambie por decreto un derecho constitucional tan arraigado? Aunque la Suprema Corte permitió su entrada parcial en vigor, no resolvió ese punto, dejando abierta la posibilidad de un fallo posterior sobre la legalidad del fondo de la medida. El precedente histórico de Estados Unidos vs. Wong Kim Ark (1898), que consolidó el principio de ciudadanía por nacimiento, aún no ha sido revocado.
Mientras tanto, organizaciones de defensa de derechos civiles y líderes de 22 estados liderados por demócratas se preparan para continuar la batalla legal. La decisión de la Corte Suprema ha marcado un hito en la lucha política y jurídica sobre los derechos de nacimiento, y su desenlace final podría redefinir los fundamentos de la ciudadanía en Estados Unidos.
