La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 2026 tras un debate de más de 20 horas, con recortes a organismos autónomos y reasignaciones millonarias a educación, cultura y ciencia.
La Cámara de Diputados concluyó una de las sesiones más largas del año con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, luego de más de 20 horas de discusión continua en el pleno. La votación final se registró a las 5:38 horas, cuando la mayoría integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) logró reunir 355 votos para avalar el proyecto enviado previamente por la Secretaría de Hacienda. Por su parte, la oposición —PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— reunió 132 votos en contra y reiteró que no se les aceptó ni una sola modificación a lo largo del debate que se extendió desde la mañana del miércoles.
El presupuesto asciende a 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, cifra que se mantiene exactamente igual a la propuesta de Hacienda, pese a que los legisladores realizaron ajustes internos por 17 mil 788 millones de pesos. Estos recursos fueron reorientados a sectores como educación, ciencia, cultura, medio ambiente y campo, al tiempo que implicaron recortes significativos para organismos autónomos y dependencias federales.
Uno de los puntos más relevantes fue el recorte al Poder Judicial, que suma 15 mil 805 millones de pesos, principalmente al Órgano de Administración Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ello se suman mil millones menos para el Instituto Nacional Electoral (INE), 260 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 933 millones a la Fiscalía General de la República (FGR) y 50 millones para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Estos ajustes fueron duramente criticados por la oposición, que acusó una “venganza presupuestal”.
Las reasignaciones aprobadas por el bloque oficialista distribuyen montos importantes hacia áreas consideradas prioritarias por el gobierno federal. En materia educativa, por ejemplo, se transfirieron 10 mil 842 millones de pesos a subsidios para organismos descentralizados, educación media superior, centros educativos y al Instituto Politécnico Nacional. A esto se suman 828.1 millones de pesos para la expansión de la educación inicial, impulsada por el PT como una de sus principales demandas.
El campo y el desarrollo rural también recibieron un impulso mediante 641 millones de pesos para infraestructura orientada a la productividad sustentable. En tanto, la ciencia, tecnología y humanidades serán fortalecidas con 2 mil 500 millones de pesos, recursos destinados a una estrategia nacional que pretende ampliar capacidades y desarrollar proyectos innovadores.
Uno de los ajustes más celebrados en el pleno fue la restitución de recursos a la Universidad de Guadalajara (UdeG), institución que había sufrido un recorte de más del 50% en la propuesta original. Tras la reasignación, la universidad obtendrá 4 mil 371 millones de pesos, lo que permitirá dar continuidad a la operación de sus campus y los servicios académicos para más de 150 mil estudiantes.
En el ámbito cultural, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recibirá 938 millones de pesos adicionales, destinados a la preservación del patrimonio cultural. Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) contará con 985.5 millones de pesos extra para fortalecer servicios educativos y artísticos; y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) tendrá un aumento de 62 millones.
Durante la discusión, la coalición opositora denunció la falta de apertura de Morena y sus aliados, quienes rechazaron más de 1,700 reservas presentadas por legisladores del PAN, PRI y MC. Estos últimos insistieron en que el gobierno federal debió recortar gasto a proyectos como el Tren Maya o a Petróleos Mexicanos, en lugar de disminuir recursos a instituciones encargadas de garantizar la legalidad y el equilibrio democrático.
A pesar de las protestas, jaloneos y pancartas que marcaron varias horas del debate, el presupuesto fue aprobado nueve días antes de la fecha límite legal. El documento ya fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual se convierte en el instrumento financiero que regirá el gasto público en 2026.
