El hallazgo de 380 cuerpos no cremados en Ciudad Juárez derivó en dos detenciones; autoridades presumen fraude y trato indigno, y piden a familiares acudir a presentar denuncias.
El Fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, confirmó que el conteo oficial de cadáveres hallados en el crematorio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa ascendió a 380, luego de que personal de Servicios Periciales concluyera el procesamiento forense durante la noche del sábado. Los cuerpos, que debieron haber sido cremados por el establecimiento, fueron encontrados apilados y almacenados sin los procedimientos adecuados. El descubrimiento encendió alarmas por su magnitud y gravedad.
Por estos hechos, ya hay dos personas detenidas: el propietario del crematorio y uno de sus empleados, quienes serán presentados ante un juez penal en las próximas horas para que respondan por su presunta responsabilidad en la acumulación ilícita de cadáveres y posible fraude a las familias afectadas. Según el Fiscal, el caso ha generado una profunda indignación social y requerirá una investigación a fondo.
Vecinos de la zona relataron que desde hace seis meses se había notado una actividad nocturna inusual en el inmueble, con camionetas blancas ingresando al lugar varias veces por semana después de las 9 de la noche. Sin embargo, durante el día, el sitio se mantenía en aparente abandono, lo que dificultó detectar las irregularidades a tiempo.
Marcelo Cantú, representante de la Unión de Empresas Funerarias en Ciudad Juárez, se dijo consternado por la situación y convocó a una rueda de prensa para este lunes, donde ofrecerá una postura oficial del gremio. Asimismo, se espera la visita del Fiscal General del Estado, César Jáuregui, quien se trasladaría a la frontera para informar sobre los avances del caso.
En el lugar de los hechos, El Heraldo de Juárez documentó que la zona permanece acordonada por la Fiscalía. Se ha instalado una caja de tráiler con sistema de refrigeración en el exterior del inmueble para preservar los cuerpos y evitar problemas sanitarios, mientras se continúan las diligencias periciales.
De acuerdo con Jáuregui, se presume que este crematorio operaba de manera fraudulenta desde hace al menos cinco años. Durante ese tiempo, los familiares de los fallecidos pagaron por servicios de cremación que nunca se realizaron. En muchos casos, se trataría de personas que murieron durante los años más críticos de la pandemia de COVID-19, lo que complica aún más la identificación de los restos.
El abogado penalista José Alfonso Meza explicó que los familiares pueden acudir a la Fiscalía para interponer querellas por delitos como fraude, trato indigno a cadáveres y disposición indebida de restos humanos. Hasta el momento, se desconoce si alguna familia ha presentado una denuncia formal.
La Fiscalía de Chihuahua exhortó a quienes sospechen que alguno de sus seres queridos podría estar entre los cuerpos localizados a acudir directamente a la sede de la Zona Norte para colaborar en las investigaciones. Las autoridades aseguraron que se abrirán carpetas de investigación por cada caso, a fin de garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
El escándalo ha conmocionado a la sociedad juarense y ha puesto nuevamente en el foco la regulación de los servicios funerarios, especialmente en tiempos de crisis sanitaria como la pandemia, donde el colapso de servicios y la falta de supervisión facilitaron este tipo de abusos impensables.
