Estados Unidos atacó en aguas internacionales del Caribe una embarcación vinculada al narcotráfico; tres presuntos narcoterroristas murieron, en el marco de una ofensiva que suma ya decenas de víctimas.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un ataque contra una embarcación que, según el gobierno norteamericano, operaba en el tráfico de drogas en aguas internacionales del Caribe y resultó en la muerte de tres personas vinculadas al crimen organizado. El secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, difundió la versión oficial mediante un mensaje en la red X, donde afirmó que la acción fue ejecutada “por orden del presidente Trump” y describió el operativo como un “ataque cinético letal” contra un buque que pertenecía a una “organización terrorista designada”.
En su comunicado, Hegseth justificó la campaña afirmando que Estados Unidos mantendrá este tipo de operaciones “hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense”, y advirtió de forma contundente a los involucrados en el tráfico: “A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos”. El funcionario añadió que no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses durante el ataque.
El incidente forma parte de una ofensiva más amplia de Washington contra embarcaciones utilizadas por carteles y redes de narcotráfico que empezó a intensificarse en septiembre. Según cifras oficiales citadas por agencias internacionales, las operaciones han dejado al menos 70 muertos desde el inicio de la campaña. Además, las autoridades informan de la destrucción de al menos 18 embarcaciones —17 lanchas y un semisumergible— en operativos similares realizados en zonas del Caribe y del Pacífico oriental.
En varias ocasiones, el Pentágono ha difundido imágenes aéreas de los ataques; en algunos casos parte del material fue publicado con secciones censuradas por motivos no explicitados por las autoridades. Paralelamente a las acciones sobre el mar, el despliegue militar estadounidense ha sido notable: fuentes militares informaron del envío de seis buques de guerra al Caribe, del traslado de cazas F-35 a Puerto Rico y del posicionamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford en la región, medidas destinadas a aumentar la capacidad operativa y de vigilancia en las rutas marítimas donde operan las organizaciones criminales.
La ofensiva y su retórica han generado reacciones en la región. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó en repetidas ocasiones a Trump de emplear la lucha antidrogas como pretexto para presionar y buscar su derrocamiento. Maduro negó que Venezuela sea productora de drogas y sostuvo que su país es víctima de rutas de tránsito de cocaína procedente de Colombia, argumentando además que su territorio es utilizado sin su consentimiento. En respuesta a la escalada militar, aviones bombarderos estadounidenses realizaron maniobras de demostración de fuerza sobre el mar Caribe frente a costas venezolanas en al menos cuatro ocasiones desde mediados de octubre, según reportes.
La presión de Washington sobre Caracas se inscribe en un contexto más amplio de tensiones políticas. En declaraciones recientes, el presidente Trump fue consultado sobre la posibilidad de una guerra con el régimen venezolano y se mostró evasivo: “Lo dudo, no lo creo”, dijo en una entrevista con CBS, sin descartar opciones futuras ni detallar posibles acciones. En la misma línea, Trump insistió en acusaciones contra el gobierno venezolano, afirmando que éste ha “traído” personas peligrosas hacia Estados Unidos y responsabilizando las políticas migratorias previas por permitir el ingreso de individuos que, según él, amenazan la seguridad nacional.
Trump llegó a asegurar que cada embarcación derribada por la ofensiva “mata a 25,000 estadounidenses” a causa del narcotráfico, una afirmación en la que estableció una conexión directa entre la destrucción de narcolanchas y el daño social que, dijo, causa la droga en Estados Unidos. Estas aseveraciones forman parte del discurso oficial que ha acompañado la estrategia militar y diplomática para cortar las rutas de la droga en el hemisferio occidental.
El operativo y la campaña en curso plantean interrogantes legales y diplomáticos por el alcance de acciones militares contra embarcaciones en aguas internacionales, la identificación de los blancos y las consecuencias humanitarias y geopolíticas en la región. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas medidas son necesarias para frenar el flujo de estupefacientes hacia su territorio; críticos y algunos gobiernos regionales advierten sobre el riesgo de escalada y sobre la necesidad de mecanismos multilaterales y de control para evitar incidentes que puedan derivar en confrontaciones mayores.
