El empresario Javier Maiz Domene, dueño de Next Energy, fue encarcelado en Aguascalientes y enfrenta cargos por fraude, cohecho y amenazas relacionados con un contrato energético.
El empresario Javier Maiz Domene, propietario de la empresa Next Energy, fue detenido y enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aguascalientes, donde enfrenta un proceso penal por los delitos de fraude, cohecho y amenazas.
De acuerdo con información oficial, Maiz Domene fue aprehendido en Reynosa, Tamaulipas, en cumplimiento de una orden judicial relacionada con la carpeta de investigación digital 2502/2025. Las autoridades le imputan un presunto fraude cometido en perjuicio del municipio de Aguascalientes, derivado de un contrato energético firmado en 2019.
El empresario permanece bajo prisión preventiva justificada y enfrenta dos órdenes de aprehensión. La primera, originada en Tamaulipas, corresponde al delito de fraude por un contrato de suministro de energía que habría sido incumplido por la empresa. La segunda orden se relaciona con amenazas y cohecho, luego de que presuntamente ofreciera 500 mil pesos a cada uno de dos policías con el objetivo de obtener su liberación durante un traslado a un hospital, argumentando supuestos problemas cardiacos.
El contrato entre Next Energy y el municipio de Aguascalientes fue firmado en marzo de 2019 por un monto aproximado de 7 mil 800 millones de pesos, con pagos programados hasta el año 2050. Sin embargo, desde las primeras etapas del acuerdo se reportaron incumplimientos por parte de la empresa.
En junio de 2020, el contrato fue ampliado hasta alcanzar un valor cercano a los 20 mil millones de pesos, sin que la compañía cumpliera con las obligaciones pactadas. Ante esta situación, en agosto de 2024 el cabildo municipal reestructuró el acuerdo, reduciendo el plazo de pago de 30 a 11 años.
Como parte de dicha reestructuración, Next Energy quedó obligada a devolver al municipio 500 millones de pesos que ya habían sido pagados, monto que debía reintegrarse en un plazo de tres años. El presunto incumplimiento de estas condiciones derivó en las acciones legales que hoy mantienen al empresario bajo proceso penal.
