Juristas y defensores alertaron en el Senado que la reforma a la Ley de Amparo representa un retroceso histórico, al limitar interés legítimo, suspensión y ampliación de la demanda.
En la segunda jornada de audiencias públicas en el Senado, especialistas en derecho y defensores de derechos humanos advirtieron que la reforma a la Ley de Amparo podría significar un retroceso histórico en el acceso a la justicia en México.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo federal, incorpora avances en materia digital, pero también plantea restricciones que, de acuerdo con juristas, afectan figuras clave como el interés legítimo, la suspensión y la ampliación de la demanda.
La litigante Samantha Ayala García reconoció la importancia de obligar a todas las autoridades a contar con usuario digital en el juicio de amparo, aunque alertó que limitar la ampliación de la demanda a casos específicos la vuelve un mecanismo rígido y costoso. También criticó que las multas por incumplir sentencias se carguen al erario y no a los funcionarios responsables.
El exmagistrado Juan Pablo Gómez Fierro subrayó que restringir el interés legítimo reduce la posibilidad de que se promuevan amparos colectivos en temas ambientales o de derechos reproductivos. Además, advirtió que condicionar la suspensión a la “apariencia de buen derecho” debilita la eficacia del amparo para proteger derechos humanos de manera urgente.
Por su parte, el académico y exdiputado Jaime Cárdenas consideró que la iniciativa busca frenar abusos en materia fiscal y financiera, señalando casos en que contribuyentes y grupos criminales han aprovechado suspensiones para eludir sanciones.
Desde el Centro Prodh, Ivette Galván advirtió que la reforma representa un retroceso de una década en materia de derechos humanos, al acotar la figura del interés legítimo. Recordó casos en los que esta herramienta fue fundamental para impulsar cambios estructurales, como la creación del Banco Nacional de Datos Forenses.
El académico Rogelio Zacarías Rodríguez pidió matizar la interpretación del beneficio “cierto y directo” en el interés legítimo y celebró que se reconozca la procedencia del amparo contra la prisión preventiva oficiosa, al considerarlo un avance relevante.
Mientras algunos especialistas valoraron aspectos técnicos de la reforma, la mayoría coincidió en que los cambios planteados en interés legítimo, suspensión y ampliación de la demanda debilitan la protección de derechos fundamentales.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, informó que la iniciativa será discutida y votada esta misma semana.
