Estados Unidos mantiene la persecución de un petrolero vinculado a Venezuela que se ha negado a ser abordado; la Guardia Costera espera refuerzos para ejecutar una posible incautación.

La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene la persecución de un petrolero vinculado a Venezuela, al que considera sujeto a sanciones, mientras espera la llegada de fuerzas adicionales para intentar su abordaje e incautación. Así lo informaron a la agencia Reuters un funcionario estadounidense y una fuente cercana al caso.
El buque, identificado por grupos marítimos como Bella 1, ha rechazado los intentos de abordaje por parte de la Guardia Costera, lo que complica la operación y podría obligar a recurrir a uno de los dos Equipos de Respuesta de Seguridad Marítima con los que cuenta Estados Unidos para este tipo de acciones especiales.
Estos equipos están capacitados para realizar abordajes de alto riesgo, incluso descendiendo desde helicópteros mediante rapel, una maniobra utilizada en escenarios donde existe resistencia o peligro elevado para las fuerzas de seguridad.
La persecución del petrolero se ha prolongado durante varios días y pone en evidencia la brecha entre el interés del gobierno de Donald Trump por reforzar la aplicación de sanciones contra embarcaciones vinculadas a Venezuela y los recursos limitados de la Guardia Costera, que es la principal agencia encargada de estas operaciones.
A diferencia de la Armada estadounidense, la Guardia Costera tiene facultades legales para ejecutar acciones de aplicación de la ley, lo que incluye el abordaje y la incautación de buques sancionados por el gobierno de Estados Unidos.
En semanas recientes, esta corporación ha logrado incautar al menos dos petroleros cerca de aguas venezolanas. En uno de esos casos, ocurrido el pasado 10 de diciembre, la fiscal general Pam Bondi difundió un video en el que se observa el despliegue de helicópteros y personal armado descendiendo sobre una embarcación en alta mar.
El nuevo intento de incautación se da en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y Caracas, marcadas por sanciones económicas, advertencias diplomáticas y operaciones de interdicción marítima en la región.