FGR aún investiga origen de combustible asegurado en Guanajuato

La FGR mantiene abierta la investigación sobre 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato, mientras revisa permisos y trazabilidad para determinar su procedencia legal definitiva y posible origen.

La FGR mantiene abierta la investigación por más de 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato y revisa permisos y trazabilidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación por el combustible asegurado en Guanajuato, luego del hallazgo de más de 59 millones de litros en una terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el caso todavía no está concluido y señaló que la Fiscalía continúa revisando los permisos de las empresas relacionadas con el hidrocarburo. De acuerdo con la mandataria, será la propia FGR la encargada de informar cuando termine el análisis y determine la situación jurídica correspondiente.

La declaración mantiene abierta la posibilidad de que el combustible esté relacionado con actividades ilícitas, pero también deja pendiente determinar si contaba con documentación suficiente para acreditar su origen y trazabilidad. La FGR ha señalado oficialmente que, hasta el momento de su comunicado inicial, no se había acreditado la procedencia de la totalidad del hidrocarburo localizado.

El aseguramiento ocurrió en instalaciones vinculadas con Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente a Grupo Simsa, en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide. En el lugar fueron encontrados combustibles con características de gasolina regular, gasolina Premium y diésel, además de tanques de almacenamiento, vehículos, contenedores y documentación contable.

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó el 3 de julio de 2026, después de que una persona fuera detenida en una gasolinera de San Luis de la Paz cuando presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel.

La Fiscalía indicó que esa persona no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo que transportaba. A partir de esa detención se realizaron diversas diligencias que posteriormente llevaron a cateos en una gasolinera de San Luis de la Paz, un inmueble utilizado para despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente una instalación ubicada en San José Iturbide.

En el último inmueble, las autoridades aseguraron 10 contenedores cilíndricos de gran capacidad, siete unidades de transporte y documentación contable, además del combustible localizado en los depósitos.

La FGR detalló que el volumen estaba compuesto por aproximadamente 33 millones 504 mil 067 litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil 813 litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil 989 litros de diésel, cantidades que en conjunto superan los 59 millones de litros.

La dependencia federal señaló que las investigaciones buscan determinar si existen delitos previstos en la legislación relacionada con hidrocarburos o en el Código Fiscal de la Federación, particularmente si no se acredita la propiedad y trazabilidad de la totalidad del producto localizado.

El caso fue atraído posteriormente por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La decisión se tomó después de que surgieran cuestionamientos sobre la documentación y la situación legal del combustible, por lo que la investigación dejó de estar únicamente en manos de la representación federal en Guanajuato.

La intervención de la FEMDO fue confirmada por la propia FGR, que informó que continuaría con las indagatorias para establecer la propiedad, procedencia y trazabilidad del hidrocarburo asegurado.

Por su parte, Grupo Simsa negó que el combustible fuera producto de huachicol fiscal y sostuvo que la operación de su terminal de almacenamiento se realiza de manera legal y cuenta con los permisos correspondientes.

Gas Natural del Noroeste afirmó que su terminal opera bajo un permiso de almacenamiento de petrolíferos y sostuvo que las instalaciones están sujetas a regulación y supervisión de las autoridades.

La postura de la empresa abrió un nuevo punto de discusión en torno al aseguramiento, debido a que la compañía sostiene que el combustible encontrado en sus instalaciones no necesariamente era de su propiedad, sino que podía corresponder a producto almacenado para clientes.

En contraste, la FGR mantiene como punto central de la investigación la necesidad de acreditar documentalmente el origen y la trazabilidad del hidrocarburo. Por ello, el hecho de que los combustibles hayan sido localizados en una terminal vinculada con una empresa que afirma contar con permisos no determina por sí mismo la legalidad o ilegalidad del producto.

La propia presidenta Sheinbaum había señalado días antes que el caso no podía considerarse cerrado y que correspondía a la Fiscalía presentar las conclusiones. En la conferencia del 21 de septiembre, la mandataria explicó que la investigación había comenzado en la delegación de la FGR en Guanajuato y que, precisamente por ello, la fiscal general Ernestina Godoy había determinado que la FEMDO atrajera el expediente.

Durante esa conferencia, Sheinbaum también rechazó adelantar una conclusión sobre si el operativo había sido un error o si efectivamente se había detectado una actividad ilícita, al señalar que debía esperarse el resultado de la investigación de la Fiscalía.

En su declaración más reciente, la presidenta volvió a señalar que la FGR continúa revisando los permisos de la empresa y que será la dependencia federal la que deberá informar los resultados de ese procedimiento.

El gobierno de Guanajuato también informó que el aseguramiento quedó bajo disposición del Ministerio Público Federal, junto con los vehículos, contenedores, documentación y el presunto hidrocarburo, mientras se realizan los dictámenes necesarios para establecer la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.

Por ahora, el combustible asegurado en Guanajuato permanece bajo investigación. La información oficial disponible no establece de manera definitiva que los más de 59 millones de litros correspondan a huachicol, pero tampoco ha acreditado todavía su procedencia legal en su totalidad.

La determinación final dependerá de la revisión documental, los peritajes y las investigaciones que lleva a cabo la FGR a través de la FEMDO.

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