La Fiscalía General de la República justificó el retraso en el resguardo de los inmuebles donde falleció Nemesio Oseguera, advirtiendo que la escena fue contaminada por personas ajenas antes del cateo.
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió este lunes un comunicado oficial para explicar las razones por las cuales no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles vinculados a Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», tras el operativo en Tapalpa, Jalisco. Según el Ministerio Público Federal, la operación táctica del pasado 22 de febrero estuvo marcada por una serie de enfrentamientos armados que obligaron a las fuerzas de seguridad a establecer prioridades distintas al resguardo pericial de la zona en un primer momento.
Inseguridad y traslados prioritarios
La institución federal relató que la intensidad de la resistencia opuesta por el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generó un entorno de alta peligrosidad. Durante los hechos, el líder criminal resultó herido de gravedad, lo que obligó a los elementos de seguridad a realizar un traslado prioritario hacia un centro hospitalario, donde finalmente falleció. La FGR sostuvo que «el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial», precisando que el aseguramiento de las seis cabañas involucradas solo fue posible hasta que la situación fue contenida y se restableció el orden en el complejo turístico Tapalpa Country Club.
Escena contaminada y dudas legales
Uno de los puntos más críticos señalados por la Fiscalía es el ingreso de personas no autorizadas a los inmuebles antes de que se ejecutara la orden de cateo judicial. Esta irrupción masiva de terceros, documentada por diversos medios de comunicación que difundieron el hallazgo de medicamentos, armas y las llamadas «narconóminas», ha puesto en tela de juicio la validez de los indicios. La dependencia advirtió que «no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes», lo que sugiere una ruptura inminente en la cadena de custodia.
En consecuencia, la Fiscalía General de la República subrayó que existe una alta probabilidad de contaminación de la escena, lo que dificultará determinar si los objetos presentados públicamente se encontraban efectivamente en el sitio. Ante esta situación, se ha iniciado una investigación interna para deslindar responsabilidades y determinar si algún servidor público incurrió en negligencia al no preservar el lugar de los hechos, siguiendo la línea de cuestionamientos realizados previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la gestión de este operativo histórico.
