La FGR determinó que la solicitud de EU para detener provisionalmente al gobernador Rocha Moya carece de urgencia y pruebas suficientes, y pedirá la documentación necesaria antes de emitir un posicionamiento institucional.
La Fiscalía General de la República determinó que la solicitud presentada por Estados Unidos para la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales no reúne los requisitos necesarios para proceder. Así lo informó este viernes Raúl Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial y responsable del área de extradiciones dentro de la institución.
De acuerdo con Jiménez, una primera revisión del pedimento estadounidense reveló que no existen motivos de urgencia que justifiquen una detención provisional ni pruebas anexas que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de una medida cautelar. «No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional», señaló el funcionario en declaraciones públicas.
Ante esta situación, la FGR enviará una comunicación a la Cancillería para solicitar al gobierno de Estados Unidos, a través de los canales diplomáticos que garantizan la confidencialidad de la información, todas las pruebas, argumentos, informes y documentos necesarios para sustentar la acusación. Solo una vez recibida esa documentación, la institución emitirá un posicionamiento de carácter institucional sobre cómo procederá en el caso.
Jiménez también advirtió que la difusión pública de la información contenida en el pedimento representa un riesgo para el debido proceso, en alusión directa a la filtración del caso antes de que las autoridades mexicanas fueran notificadas formalmente por la vía diplomática establecida en el tratado bilateral de extradición vigente entre ambos países. Esta postura coincide con la expresada días antes por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya había presentado un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos por la manera en que se dio a conocer la acusación, señalando que los tratados contemplan provisiones específicas de confidencialidad para este tipo de procedimientos.
La acusación fue revelada el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que imputa a Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos un senador, un alcalde y varios exmandos policiales, por conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense. El caso ha generado una intensa disputa diplomática y un amplio debate político en México, en el que la FGR marca ahora su posición: primero las pruebas, después la acción.
