La Google fue sancionada por la Unión Europea con una multa cercana a los mil millones de dólares por prácticas anticompetitivas que favorecieron sus propios servicios digitales.
La Unión Europea impuso una multa de 890 millones de euros (alrededor de mil millones de dólares) a Google tras concluir que la empresa incurrió en prácticas anticompetitivas al aprovechar su posición dominante como el motor de búsqueda más utilizado del mundo para favorecer sus propios servicios en detrimento de la competencia.
La decisión, anunciada por la Comisión Europea, se produce en un contexto de creciente tensión comercial entre Europa y Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha advertido que podría responder con medidas comerciales contra el bloque europeo por considerar que existe un trato injusto hacia las compañías tecnológicas estadounidenses.
De acuerdo con la investigación realizada por las autoridades comunitarias, Google otorgó un trato preferencial a sus propios servicios relacionados con compras, viajes, videojuegos y traducción de idiomas, colocándolos en posiciones privilegiadas dentro de los resultados de búsqueda, mientras que los servicios de empresas competidoras eran desplazados a lugares con menor visibilidad.
Además de las irregularidades detectadas en el buscador, la Comisión Europea determinó que la empresa también impuso restricciones dentro de Google Play que limitaban la capacidad de los desarrolladores de aplicaciones para comunicarse directamente con sus usuarios o procesar pagos fuera de la plataforma, reduciendo así las posibilidades de evitar las comisiones cobradas por Google.
Las autoridades europeas concluyeron que estas prácticas violan la Ley de Mercados Digitales (DMA), legislación aprobada en 2022 con el objetivo de impedir que las grandes plataformas tecnológicas utilicen su posición dominante para restringir la competencia y controlar el acceso de otras empresas al mercado digital.
La Comisión Europea sostuvo que compañías como Google funcionan como «guardianes del mercado», al concentrar una enorme influencia sobre sectores como los motores de búsqueda, sistemas operativos móviles, comercio electrónico y redes sociales, situación que puede afectar la innovación y limitar las opciones disponibles para consumidores y empresas.
Al presentar la resolución, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de la política de competencia, aseguró que el objetivo de la legislación es garantizar condiciones equitativas para todos los participantes del mercado.
«Los mejores productos deben triunfar por su calidad, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el buscador», afirmó. «Esta es la promesa de la DMA: proteger la equidad, la libertad de elección y la innovación en los mercados digitales en beneficio de todos los ciudadanos europeos».
La resolución establece que Google dispone de 60 días para cumplir con las medidas impuestas, entre ellas aumentar la visibilidad de los servicios de la competencia dentro de su buscador y modificar algunas de sus prácticas comerciales. De no hacerlo, la empresa podría enfrentar sanciones adicionales equivalentes hasta al cinco por ciento de sus ingresos mundiales.
La tecnológica respondió mediante su asesor jurídico general, Kent Walker, quien criticó la decisión al considerar que obligará a realizar modificaciones que perjudicarán la experiencia de los usuarios europeos.
«Esto no es competencia leal; es degradación del producto. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos», señaló.
Aunque la sanción representa una de las más importantes aplicadas recientemente por Bruselas, su impacto financiero resulta limitado para la compañía. Alphabet, empresa matriz de Google, reportó recientemente ingresos trimestrales por 112 mil 100 millones de dólares, impulsados, entre otros factores, por sus inversiones en SpaceX y Anthropic.
Con esta nueva resolución, Google acumula más de 10 mil millones de euros en multas impuestas por la Unión Europea desde 2017, como resultado de diversas investigaciones relacionadas con competencia, publicidad digital y prácticas comerciales.
La decisión también coincide con un momento delicado para las relaciones entre Bruselas y Washington. Funcionarios europeos esperan conocer la reacción del gobierno estadounidense, luego de que la Casa Blanca adelantara el posible anuncio de nuevos aranceles dirigidos a la Unión Europea y otros socios comerciales.
Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha cuestionado en diversas ocasiones las regulaciones europeas sobre las grandes empresas tecnológicas y ha advertido que responderá frente a medidas que, a su juicio, afectan a compañías estadounidenses. Incluso ha planteado imponer aranceles a países que apliquen impuestos digitales o restricciones a estas empresas.
Mientras tanto, la Unión Europea mantiene una estrategia firme de supervisión sobre las principales plataformas tecnológicas. En las últimas semanas también ordenó a Google eliminar restricciones que limitaban el acceso de empresas rivales de inteligencia artificial a usuarios de Android y solicitó a Meta modificar elementos de Instagram y Facebook para reducir características consideradas adictivas.
Las autoridades comunitarias también han sancionado recientemente a empresas chinas. AliExpress fue multada por la comercialización de productos ilegales, inseguros y falsificados, mientras que TikTok recibió instrucciones para modificar el funcionamiento de su plataforma con el fin de reducir riesgos de adicción entre los usuarios. Paralelamente, la Unión Europea analiza una legislación que prohibiría el uso de redes sociales por parte de menores de edad.
